El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha asegurado este martes que el Ministerio de Vivienda está "incumpliendo ya los compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana, con los ciudadanos y con el sector de la vivienda, en los programas 2010, 2011 y 2012 del actual Plan de Vivienda" y con ello, está "poniendo en quiebra el principio de confianza entre administraciones".

Cotino, en un comunicado, ha hecho estas declaraciones tras firmar con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, los alcaldes de Gandia, José Manuel Orengo, y de Benicàssim, Francesc Colomer, y el director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), Félix Arias, dos convenios para realizar actuaciones de vivienda protegida en las localidades de Gandia y Benicàssim.

"Por ello —Cotino— hoy le he entregado a la Ministra el acuerdo del Consejo Asesor de Vivienda de la Comunitat Valenciana que, reunido ayer, decidió por unanimidad exigir la retirada del nuevo Real Decreto del Plan de Vivienda que prepara su departamento y que implicará un recorte de 160 millones de euros en ayudas estatales del Plan de Vivienda en la Comunitat Valenciana para los dos próximos años".

Además, el vicepresidente ha anunciado que la eliminación de la reserva de eficacia este año, un fondo adicional para aquellas comunidades autónomas que presentan una mejor gestión y cumplimiento de los objetivos, ha explicado, y a la que nuestra Comunitat "siempre ha accedido", supone la "pérdida de 90 millones más, 30 cada año empezando por el ejercicio en curso", ha afirmado.

"Pese a ello —ha destacado—, en los últimos siete años desde el Gobierno valenciano hemos reforzado la política de vivienda a favor de los colectivos sociales que más lo necesitan y, gracias a ello más de 2.000 familias de la Comunitat se benefician cada mes de ayudas para el acceso o la mejora de la vivienda desde que gobierna el President Camps".

Acuerdo del consejo asesor de vivienda

En el documento entregado a la Ministra Corredor, el Consejo Asesor de Vivienda solicita al Ministerio de Vivienda que garantice al menos todas las ayudas acordadas en el convenio entre el Gobierno Central y la Generalitat que está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012.

Así, advierte del "perjuicio" para más de 13.500 familias que no podrán disponer de la ayuda estatal para la compra de vivienda, el Real Decreto incluye también recortes en ayudas para promotores de vivienda protegida y urbanizaciones de suelo que impedirán la ejecución de más de 9.600 viviendas protegidas.

En consecuencia, "serán más de 23.000 las familias de la Comunitat que se verán afectadas por estas medidas del Gobierno Central que no sólo dificultarán el acceso a la vivienda a los ciudadanos, sino que también supondrán un nuevo golpe al sector de la construcción y un freno a su recuperación y a la creación de empleo", ha remarcado.