"Si vuelvo, me mato". Con esta frase Amnistía Internacional ilustra su último informe sobre las violaciones de los derechos humanos de los menores ingresados en centros de protección terapéuticos de nuestro país.

España se examina este miércoles ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU y desde Amnistía Internacional recuerda que el sistema sigue violando los derechos de los menores ingresados y exige la creación de una Ley Estatal que les proteja.

"Las autoridades han rechazado o minimizado las denuncias sobre las vulneraciones que se sufren en los centros" asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, y añade "para ellos los menores ingresados son un problema o incluso como una amenaza para la convivencia familiar y social".

Por ello se pide una ley que garantice los derechos de los menores independientemente de la Comunidad Autónoma donde se encuentren, y que se contemple la inspección y la supervisión de las instalaciones para evitar casos de abusos.

Caso "Hogar Galapagar"

En España existen 58 centros que son mayoritariamente de gestión privada, aunque subvencionados por las administraciones.

Uno de ellos es el Centro de la Comunidad de Madrid "Hogar Galapagar" que fue denunciado a finales de 2009 por maltrato físico.

Según Juan Carlos Villaescusa, uno de los cuatro denunciantes, a los internos de este centro se les sometía a duchas de agua fría, se les golpeaba la cabeza y se les ataba a las camas durante todas la noche sin poder ir al baño.

La propia directora del centro, afirmó durante el juicio por maltrato que cuidadores sin título y sin ningún tipo de experiencia tienen potestad para inmovilizar a la fuerza a los chavales, así como que se prescriben fármacos a los chicos y se autorizan contenciones mecánicas con correas de sujeción con la autorización de un psiquiatra vía telefónica.

El abogado de los denunciantes, Endika Zulueta, afirma que "los menores tienen menos herramientas de denuncia" y por ello Amnistía plantea que se investigue todas las denuncias garantizando que no existan represalias.

Protocolo de actuación

"La protección de los menores no es prioritaria para ninguna administración, que no han renovado sus cifras desde 2006" afirma Beltrán, que ve como las denuncias planteadas hace nueve meses no han sido escuchadas por las autoridades.

El ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron hace unos meses un protocolo de actuación en los centros y residencias con menores diagnosticados de trastorno de conducta, que describe las medidas socioeducativas ante situaciones de crisis y la intervención de los profesionales para garantizar los derechos de los menores durante su internamiento.

El protocolo, conocido este miércoles, describe los recursos humanos y materiales necesarios para la intervención en estos centros, plantea que el ingreso de un menor debe fundamentarse en un diagnóstico psicológico y social que lo justifique y que cuando los centros utilicen habitualmente medidas de contención debe solicitarse la autorización judicial de la medida protectora.

Para Amnistía, este protocolo es insuficiente porque "recoge los mínimos aplicables en todo el territorio" y se trata de un documento "sin vinculación jurídica, es decir, que las Comunidades Autónomas podrán cumplirlo o no", ha opinado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de la organización, quien insiste en la necesidad de una ley.