El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abierto en lo que va de año un total de 85 quejas de oficio, un 30 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el papel activo de la Institución en la supervisión y vigilancia de la actividad de las Administraciones Públicas.

Según ha informado el Justicia de Aragón en un comunicado, las actuaciones emprendidas a iniciativa propia versan sobre temas variados, entre los que destacan, por este orden, los relacionados con Asistencia Social, Sanidad, Educación, Medio Ambiente y Urbanismo.

Como ejemplos del área de Asistencia Social, cabe citar los expedientes de oficio abiertos a propósito de las dificultades económicas de entidades como Cáritas Zaragoza, El Refugio y AZAJER (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación).

La causa son los retrasos en las ayudas económicas prometidas por las instituciones, lo que dificulta, y en algunos casos impide, la prestación de la asistencia que tienen encomendada.

Con el objetivo de contribuir en la búsqueda de soluciones, el Justicia se ha dirigido a las administraciones sin recibir respuesta, a pesar de que han transcurrido más de cuatro meses desde que la Institución preguntó al Ayuntamiento de Zaragoza y al Departamento de Servicios Sociales por el caso del Refugio y Cáritas; y más de un mes desde que trasladó su preocupación ante el posible cierre de Azajer.

En opinión de Fernando García Vicente, "en época de crisis las Administraciones Públicas deben establecer prioridades en su política de gasto sin que ello afecte a los sistemas de protección social, de ahí que se deba garantizar la financiación de las entidades sociales privadas de carácter asistencial, sin reducción de las cuantías ni retrasos en los pagos".

Recorte en infraestructuras

Por otro lado, el recorte presupuestario del Estado en infraestructuras también preocupa al Justicia de Aragón, en especial, el relacionado con la seguridad de las personas como el aplazamiento del desdoblamiento de la N-II, en el tramo Alfajarín-Fraga y de la N-232, donde en los últimos tres años se han producido más de 200 accidentes.

La falta de competencia directa del Justicia en este asunto de ámbito estatal ha llevado a la Institución a poner el caso en conocimiento del Defensor del Pueblo.

Las negativas consecuencias que las obras del tranvía de Zaragoza están teniendo en la conservación y el mantenimiento de los árboles de las zonas de los paseos de Isabel y Fernando el Católico también han motivado la apertura de varias quejas de oficio a las que posteriormente se han sumado otras procedentes de los ciudadanos. Los expedientes se encuentran a la esperan de recibir la respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza.

En la misma situación está la queja de oficio abierta por la posible falta de suelo para la apertura de una guardería pública en el barrio zaragozano de los Rosales del Canal, una zona de expansión a la que se han trasladado muchas parejas jóvenes y con hijos menores de tres años.

Otros asuntos que han llamado la atención del Justicia de Aragón, son el funcionamiento del servicio de postadopción del Gobierno de Aragón, la supresión durante el verano del servicio de oncología del Hospital de Calatayud, la posibilidad de que los viajeros de los trenes de cercanías se beneficien del transbordo gratuito en los autobuses urbanos de Zaragoza, y la ausencia de regulación de las zonas de baños de pantanos y ríos.

El último expediente de oficio que ha abierto el Justicia de Aragón está motivado por la inexistencia de programas educativos para la enseñanza de idiomas en la radio televisión aragonesa. En opinión de Fernando García Vicente, los medios audiovisuales autonómicos prestan un servicio a la sociedad y en este marco debería incluirse la enseñanza de idiomas, por lo que ha considerado oportuno dirigirse a la corporación para recabar información al respecto.