En España más de 114.000 familias siguen sin saber donde están sus seres queridos, desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, según pone de manifiesto Amnistía Internacional (AI) en un comunicado con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional de los Desaparecidos.

Además expone que desde que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones forzadas comenzase a documentar casos hace ahora 30 años, se han registrado en todo el mundo 53.232 desapariciones forzadas y en 42.600 casos se sigue sin conocer el paradero de la víctima.

"Estas son las cifras denunciadas ante la ONU. Pero sin duda, el número de personas que siguen desaparecidas en todo el mundo es dramáticamente muy superior", según señala AI en el comunicado difundido en Madrid.

El comunicado indica que hoy en día, decenas de países en todo el mundo "siguen utilizando la práctica ilegal de la desaparición forzada amparados en la excusa de la seguridad".

En Irak, según Naciones Unidas, existen 16.409 casos pendientes de desapariciones forzadas y en Ingusetia, "en el marco de 'operaciones de lucha contra el terrorismo' del Gobierno ruso", desde 2002 se han registrado 179 casos de desaparición forzada, una cifra "muy elevada" para una república con una población aproximada de sólo 500.000 personas.

Respecto a España pide al gobierno español que "asuma un compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a desapariciones forzadas se refiere" y opina que las autoridades españolas "deben facilitar el acceso a la verdad, la Justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo".

A su vez, opina que España debe pedir Gobierno estadounidense "una aclaración" sobre el paradero del ciudadano español Mustafá Setmariam Nasar.

Setmariam, desaparecido desde noviembre de 2005 tras ser detenido en Pakistán, podría estar relacionado con los atentados terroristas del 11-M y el 11-S, además del atentado perpetrado en abril de 1985 en el restaurante El Descanso de Madrid.

Respecto a la cifra de 114.000 personas apunta que el Gobierno "sigue obviando" la responsabilidad del Estado de investigar estas "graves violaciones de derechos humanos y garantizar Justicia y reparación a las víctimas".

"España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar a conocer el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron", opina AI.

También reflejan que las autoridades españolas "siguen sin cumplir sus compromisos con la legalidad internacional" al no incluir en su modificación del Código Penal el delito de desaparición forzada, conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas ante la Desaparición Forzada, que España ya ha ratificado.