El Justicia pide que los buses sirvan para los minusválidos

Exige al Consistorio y a Tuzsa que amplíen la flota especial y sus horarios, y solicita el acceso de los discapacitados a los vehículos de línea regular.
La queja que un grupo de discapacitados presentó ante el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, sobre las deficiencias del transporte público adaptado, ha surtido efecto. Tras analizar los datos aportados por el Ayuntamiento, el Justicia recomienda incrementar el número de microbuses adaptados (sólo hay 8), aumentar sus horarios a las necesidades de los usuarios y garantizar el acceso de los minusválidos a los autobuses regulares.

Los buses para discapacitados (amarillos) transportan de 8.000 a 9.000 viajeros al mes y tienen una demanda potencial de 50.000 viajes. Este servicio cuesta 900.000 euros al año. En el servicio regular, el 80% de la flota tiene piso bajo y 45 vehículos, rampa de acceso para sillas de ruedas acorde con la directiva europea.

Aunque están adaptados, los discapacitados sólo pueden utilizar los de la línea 42. Para el Consistorio, en el funcionamiento real y práctico de los autobuses regulares adaptados deben converger la participación humana de conductores, usuarios y minusválidos. Además,  cree que «hay incompatibilidad física entre reserva de espacios a sillas de ruedas y buses colmados de usuarios», según el informe.

Para el Justicia, estos argumentos carecen de validez. Por ello recomienda que, siempre que el autobús lleve rampa, el conductor tenga la obligación de accionarla. Pide, también, que se reserven espacios en los vehículos para discapacitados y que se multe a los ciudadanos que no los respeten.

En otras ciudades

En Barcelona hay buses para minusválidos y espacio reservado en los regulares. El 80% de la flota de los autobuses de Málaga cuenta con rampas para minusválidos. En Valencia y Vigo combinan vehículos adaptados y acceso a las líneas de bus regulares.

Cierre de un bar por ruido excesivo

El Justicia recomienda al Ayuntamiento que proceda al cierre del disco bar Elit, sito en la calle La Paz 27, por problemas de ruido y de licencia. Da así respuesta a la queja de un ciudadano, que aportó a la institución una copia de un acuerdo de Urbanismo por el que se decretó el cierre del local y su clausura inmediata porque carecía de licencia. El denunciante entregó también una medición de ruido realizada por la Policía en el disco bar, que en teoría estaba cerrado, donde superaba los niveles permitidos. El ruido de los bares ha motivado varias quejas al Justicia. Precisamente ayer entró en vigor la nueva ley de espectáculos públicos.

50.000 viajeros es la demanda potencial que tienen al mes los autobuses reservados para personas discapacitadas.

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