La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, no cree que los recortes que el Gobierno prevé aplicar en algunas de las ayudas para compra y promoción de viviendas protegidas durante los próximos dos años vayan a tener una "incidencia determinante" en la promoción de nuevas viviendas ni en la recuperación del mercado, y negó que supongan un 'tijeretazo' presupuestario para las comunidades autónomas.

En una entrevista a Europa Press, Corredor respondió así tanto a los promotores, que han advertido de que las medidas supondrán un paso atrás en la recuperación del sector, como a los consejeros autonómicos de vivienda, que las criticaron por suponer, en su opinión, un nuevo recorte en los derechos sociales.

El paquete de ajustes fue presentado el pasado martes, 27 de julio, coincidiendo con la última Conferencia Sectorial de Vivienda, y consiste en la supresión para los próximos dos años de las ayudas a la compra de VPO, la rebaja en el entorno del 40% de las subvenciones para la promoción de estas viviendas en alquiler, así como la eliminación de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo, entre otras cuestiones.

La ministra de Vivienda sostiene que "los recortes no suponen abandonar el apoyo a la promoción de VPO en compra". Del lado de los compradores, recordó que se mantiene su precio tasado, los precios convenidos para su adquisición, y además se añade la posibilidad de que los préstamos cubran el 90% de su valor.

Por el lado de la promoción, Corredor explicó, por ejemplo, que la entidad pública de suelo SEPES tiene 1,5 millones de metros cuadrados de suelo en desarrollo para albergar alrededor de 12.000 viviendas protegidas.

Respuesta a las comunidades autónomas.

Además, el ajuste contempla la eliminación desde 2010 de la Reserva de Eficacia —que permitía a las comunidades autónomas financiar la superación de los objetivos de ayudas pactados con el Estado— y la compensación de pagos de los fondos transferidos a las regiones, algo que ha levantado ampollas entre las comunidades autónomas.

Al respecto, Corredor recordó que su Ministerio ha venido financiando aquellas políticas de vivienda desarrolladas por las comunidades autónomas que se corresponden con los objetivos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, "desde una perspectiva del Estado", de modo que toda actuación que se escape de este ámbito ha de ser financiada directamente por la administración autonómica, que es la que tiene dichas competencias.

En este sentido, la ministra de Vivienda aseguró que no faltará financiación en materia de vivienda en las comunidades autónomas siempre que éstas sepan priorizar el gasto. "La menor disponibilidad presupuestaria en el Ministerio de Vivienda no va a suponer necesariamente una pérdida de presupuesto, puesto que cada comunidad tiene, antes y ahora, la competencia exclusiva y, por lo tanto, la obligación de financiar la política de vivienda".

Más alquiler y rehabilitación.

Así pues, Corredor quiso dejar claro que ni se interrumpirá la recuperación del sector ni se dejará en la estacada a las comunidades autónomas y, sin embargo, se aprovechará la coyuntura para dar nuevos pasos hacia el reequilibrio del sector.

"Las medidas son equilibradas e incidirán lo menos posible en la recuperación del mercado, pero con las prioridades que el Gobierno se ha marcado", afirmó en referencia al impulso del alquiler y la rehabilitación.

"Hemos empezado por valorar el recorte medio del 15% que tiene que acometer cada ministerio para alcanzar un déficit del 3% en 2013 y hemos tenido que seleccionar las partidas que pesan lo suficiente en el presupuesto como para poder llegar a ese ajuste", argumentó. Si bien, aclaró que en tanto no se conozcan en septiembre las cifras concretas del Presupuesto para 2011 "no se podrá definir exactamente el ajuste que se va a tener que asumir".

Con datos del PEVR en 2009, el grado de ejecución de las ayudas a la promoción de viviendas protegidas en alquiler fue del 95,99%, del 69,33% en el caso de la adquisición de una vivienda usada y de un 97,15% en el caso del suelo, mientras que en el de las ayudas a los inquilinos alcanzaron el 256,32% y el 114,46% en el capítulo de rehabilitación.

En estas condiciones, el Gobierno mantiene su objetivo de lograr que en 2020 el 20% de las familias vivan en alquiler y que el 35% de la inversión residencial se dedique a la rehabilitación.

Ni la spa ni la renta básica se tocan.

En el caso de los arrendamientos, la ministra de Vivienda defendió las medidas incluidas al respecto en el PEVR, pero especialmente la labor de la la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que sigue siendo su 'ojo derecho'. Así, puso en valor su eficacia y aseguró que "sigue tendiendo al equilibrio presupuestario", aunque no le puso fecha.

Lo que concretó es que seguirá manteniendo sus criterios de "austeridad máxima, eficiencia de los recursos y reducción de costes". "Creemos que cuando se consolide la actividad de la SPA va a ser una sociedad que va a dar buenos resultados al Estado", añadió.

Por otra parte, Corredor aseguró que es "evidente" la eficacia de la Renta Básica de Emancipación, pues ha permitido hasta la fecha la emancipación de más de 213.000 jóvenes, por lo que garantizó que "el compromiso del Gobierno es mantenerla".

Toda la maquinaria para la rehabilitación.

Por otro lado, la titular de Vivienda enfatizó que el Gobierno "ha puesto toda la maquinaria del Estado en marcha" para impulsar la rehabilitación, pero recordó que las ayudas dirigidas a esta actividad necesitan ser gestionadas por diferentes administraciones. "Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y la que tiene mayor peso en la gestión de las ayudas", precisó.

En este sentido, tras señalar que la situación del sector inmobiliario es "óptima" para potenciar la rehabilitación, indicó que "para que las rehabilitaciones se puedan hacer más eficientemente es necesario que lleguen rápidamente las ayudas".

El Gobierno prevé elaborar en este mes de agosto el borrador de Real Decreto de medidas de recorte anunciadas para abrir el trámite de audiencia a las comunidades autónomas y a las asociaciones interesadas a partir del próximo 20 de agosto.

El Ministerio de Vivienda abrirá ya en la primera quincena de septiembre la ronda de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas en la que se analizará la situación en cada caso y la vía más adecuada de ajuste de objetivos.

Finalmente, entre finales de septiembre y el mes de octubre finalizará la tramitación del Real Decreto con su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, si fuera necesario, se firmarán los convenios necesarios con las comunidades autónomas en entre noviembre y diciembre.