ANPE, sindicato independiente de profesores de la enseñanza pública, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el "decretazo" por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y que supone el recorte en los salarios de los docentes.

El Comité Ejecutivo de ANPE ha decidido presentar, según ha informado el sindicato en nota de prensa, esta demanda de impugnación directa del Real Decreto 8/2010 ante el Tribunal Supremo, en defensa de los derechos del profesorado de la enseñanza pública.

Como destacan desde ANPE, este recurso "no pretende blindar a los profesores frente a las medidas que se adopten para hacer frente a la crisis ni de defender privilegios sino recordar al Gobierno que sus atribuciones se enmarcan en normas vinculantes, que emanan de la Constitución y de las disposiciones legislativas y reglamentarias que las desarrollan".

Desde el sindicato defienden que, entre los motivos que le han llevado a presentar dicho recurso, se encuentra que el Decreto "vulnera los compromisos adquiridos con los representantes sindicales de la función pública, conculcando el derecho a la negociación colectiva" a lo que se une que "el recorte salarial se ha decidido y aplicado sin ninguna intervención sindical". Asimismo, consideran que "puede vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público", que fue ratificado por el Congreso a través del artículo 24 de la Ley de Presupuestos para 2010, publicada el 24 de diciembre pasado.

Subraya además el comunicado que la facultad del Gobierno para dictar disposiciones legales a través de la vía extraordinaria del Decreto- Ley está reservada a casos de "extraordinaria y urgente necesidad", que no se justifican en absoluto en la exposición de motivos del RD 8/2010, estando ya en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2010. "La necesidad de disminuir el déficit público ya era manifiesta cuando dichos presupuestos se aprobaron en diciembre pasado", comentan, añadiendo que "la Comisión Europea lo ha dictaminado en varias ocasiones, que fueron sistemáticamente ignoradas por el Gobierno".

Junto a estos argumentos, desde ANPE consideran también que el Decreto "atenta contra los derechos patrimoniales adquiridos por los funcionarios docentes, quebrando el principio de protección de la confianza legítima" que se recoge en los artículos 14, 31, 33 y 37 de la Constitución, "especialmente las retribuciones consolidadas, como los sueldo base y trienios" y aseguran que "infringe el principio de igualdad, al convertir el recorte retributivo en una norma de índole fiscal progresiva, que grava por segunda vez las rentas de trabajo de los empleados públicos y que, para colmo, sólo afecta a las procedentes de una determinada fuente". El sindicato denuncia que, "contra todo derecho, aplica de forma desigual y progresiva el recorte salarial de manera discriminatoria y arbitraria, vulnerando los méritos adquiridos y comparando de manera demagógica esta disminución retributiva con la de los altos cargos políticos, que disfrutan de retribuciones extraordinarias, como dietas, prebendas, bonos y beneficios".

Defienden también desde esta organización sindical que el Decreto "puede ser inconstitucional, al vulnerar los derechos adquiridos de los funcionarios, declarada ya por el Tribunal Supremo en varios dictámenes anteriores".

Por todos estos motivos, ANPE considera que el "tristemente famoso Decretazo carga todo el peso de las consecuencias de la imprevisión del Gobierno - y de su incapacidad para llevar a efecto medidas económicas verdaderamente efectivas- sobre un colectivo que desempeña un trabajo de mucha responsabilidad" y por ello se han decidido a recurrirlo.