Así lo anunció hoy la consellera de Salud y Consumo, Aina Castillo, quien en rueda de prensa aseguró que ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la Comunidad para que "avale" la decisión del Ejecutivo autonómico, que responde a una petición de los representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), con quienes se reunió esta mañana.

Castillo entiende que su resolución es legal y que forzosamente prevalece la norma balear porque es más restrictiva con el tabaco, ya que obliga a todos los bares y restaurantes que deseen seguir teniendo clientes fumadores a habilitar dos zonas diferenciadas, frente a la del Gobierno central, que establece esta obligación sólo en los de más de 100 metros cuadrados.

En este sentido, recordó que la gran mayoría de los establecimientos de restauración de las islas son de menos de 100 metros cuadrados y que la mayor parte de estos ya ha anunciado que permitirá fumar, teniendo en cuenta que la legislación estatal da a los pequeños locales la oportunidad de escoger.

Por otro lado, avanzó que pedirá una audiencia a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, a la que asistirá con representantes de la CAEB, para apoyar a esta patronal en su petición de que se alargue el plazo para adaptarse a la ley estatal, de los ochos meses actuales a 2 ó 3 años.

El presidente de la CAEB, Josep Oliver, explicó que esta demanda se realiza porque las separaciones físicas que exige la ley estatal en los locales de más de 100 metros requieren trabajos de construcción, lo cual significa que estos establecimientos se encontrarían en obras en plena temporada turística, con el perjuicio que ello comporta.

En esta entrevista con la ministra, los empresarios prevén presentar también una memoria con el impacto económico que implica la aplicación de la norma nacional en lo que se refiere a esas separaciones físicas, tanto en los bares y restaurantes de más de 100 metros como en los hoteles y salas de fiestas, a fin de que el Gobierno participe en estos gastos.

Castillo recordó que la ley balear, aprobada hace seis meses, no conlleva costes económicos porque obliga a establecer separaciones, pero no físicas, lo cual no implica hacer obras.

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