El PSdeG apoya al ver "indicios" que la CNC recurra contra la prórroga de los servicios de autobús decidida por la Xunta

La portavoz de Facenda del Grupo del PSdeG, María José Caride, ha apoyado este martes que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a través de la Abogacía del Estado, interponga un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la resolución del pasado 26 de febrero de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que prorrogó las concesiones de los servicios de autobuses.

La portavoz de Facenda del Grupo del PSdeG, María José Caride, ha apoyado este martes que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a través de la Abogacía del Estado, interponga un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la resolución del pasado 26 de febrero de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que prorrogó las concesiones de los servicios de autobuses.

Así, la parlamentaria socialista asegura que "cualquier ciudadano, con independencia, puede observar indicios de que se está limitando la competencia" al ampliar las concesiones que ya "vienen de muy atrás" y para las que la Unión Europea establece plazos "meridianos", es decir, diez años para las concesiones y cinco para la renovación máxima.

"Si se coge la ley gallega, hay indicios claros de que se está limitando la competencia", ha agregado la que fue conselleira de Política Territorial e Transportes en la legislatura pasada preguntada por el recurso presentado por la Comisión Nacional de la Competencia.

La resolución de la Xunta se denominó de aprobación del 'Plan de modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de personas de uso general por carretera de Galicia', pero la CNC alerta de que de ella podrían derivarse "obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados".

El consejo de la comisión ya había hecho llegar un primer requerimiento al Gobierno gallego para que modificara su normativa "por entender que era contraria a la competencia y a las normas comunitarias", pero asegura que no había sido contestado.

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