El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cuenca, en el que PP presentó la pasada semana una denuncia penal contra el que fuera presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional para que sea ésta la que investigue dicha denuncia al entender que no es competente para juzgar los hechos denunciados.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que al tratarse de "defraudaciones" es la Audiencia Nacional la instancia competente para tratar los hechos.

El juez señala que "se desprende notoriamente que en el caso presente este juzgado no es el competente para el conocimiento de la causa", ya que en la denuncia se señala que la actuación de Moltó afecta a "una generalidad indeterminada de personas, ubicadas en el territorio de más de una Audiencia", motivo por el que el juzgado de Cuenca se inhibe de este procedimiento a favor del juzgado central de instrucción que por turno de reparto corresponda a la Audiencia Nacional.

La denuncia del pp

En el escrito se indica que "con independencia de la calificación jurídica de los hechos que se hace en la denuncia presentada, según el relato de hechos contenido en la misma", el denunciado "ha sido causante de un enorme perjuicio patrimonial actuando en la entidad CCM, prescindiendo de los procedimientos legales establecidos y ocultado información a los socios partícipes en dicha entidad, falsificando documentación contable, y facilitado que diversas personas obtuvieran dinero de la entidad CCM, favoreciendo diversas operaciones bancarias, lo cual ha producido un quebranto patrimonial importante para dicha entidad".

La denuncia de los 'populares' asegura, según se recoge en el auto, que "han podido ser perjudicados por tales hechos los socios, partícipes, inversores, y ahorradores de dicha entidad" y que por tanto puede existir "una multiplicidad de perjudicados y que el ámbito de eventuales perjudicados no se agota ni mucho menos en los denunciantes".

"De otra parte, los hechos denunciados bien pudieran producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional, pues en la denuncia se imputa que, como consecuencia de la actuación del denunciado, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un Real Decreto que permitiría avalar con hasta 9.000 millones de euros de dinero público el rescate de la entidad CCM, teniendo que aportar el Banco de España, a través del Fondo de Garantías, 1.300 millones de euros y 1.150 millones de euros garantizados con aval del Estado", añade el escrito del juez.