El Gobierno vasco demorará durante un año la aplicación del decreto que obliga al comercio a atender en euskera. Para ello, ha procedido este martes a modificar el Decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias con el objeto de que el cumplimiento de las obligaciones lingüísticas contenidas en él se retrase durante un año.

El Consejo de Gobierno vasco ha considerado que, hoy en día, no se dan las condiciones adecuadas" para poder aplicar un régimen sancionador a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, "teniendo en cuenta la realidad sociolingüística actual Euskadi".

Las multas para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas, como atender y rotular en las dos lenguas oficiales de Euskadi, aparecen contempladas en la Ley de 2003 sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que fija sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros. Posteriormente, un decreto aprobado en 2008 desarrollaba la citada ley y fijaba los plazos y las características de las empresas afectadas por la norma.

El Parlamento vasco, a través de una iniciativa del PSE y el PP, instó el pasado mes de junio al Gobierno autonómico a impulsar los cambios normativos necesarios para eliminar las sanciones a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que, en principio, iban a entrar en vigor el 17 de julio y que, en algunos casos, llegaban a los 600.000 euros. El texto recibió el rechazo de las formaciones nacionalistas y EB, y la abstención de UPyD.

A propuesta del consejero de Sanidad y Consumo y de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias con el objetivo de que el cumplimiento de las obligaciones lingüísticas contenidas en él se demore durante un año.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, "es cierto que se debe continuar dando pasos para alcanzar una verdadera normalización del uso del euskera en todos los ámbitos de la sociedad, y también es necesaria una actividad de fomento por los poderes públicos".

Sin embargo, el Gobierno de López ha considerado que, "hoy en día, no se dan las condiciones adecuadas para poder aplicar un régimen sancionador en el ámbito de aplicación del Decreto 123/2008, teniendo en cuenta la realidad sociolingüística actual en la Comunidad Autónoma de Euskadi".

Por ello, la modificación establece una moratoria de un año en el cumplimiento de las obligaciones previstas, de manera que las empresas tendrán un plazo adicional de 12 meses para adaptarse a las exigencias contenidas en el Decreto.

Mendia ha avanzado que, durante este año, atendiendo al mandato parlamentario, se estudiarán qué modificaciones legales hay que llevar a cabo para "adaptar" el decreto.