El juez Baltasar Garzón ha defendido la jurisdicción penal internacional y la necesidad de combatir crímenes que atenten contra los derechos humanos, por lo que lamentó que se pongan restricciones a la misma.

Garzón durante la inauguración de la VIII Universidad de Verano de Adeje (Tenerife) criticó que "existan reservas a investigar" acciones penales de carácter internacional. En este apartado, a modo de ejemplo, recordó el análisis que se está llevando a cabo en Argentina desde 2003. "Allá se han llevado a juicio a centenares de represores de la dictadura y no pasa nada, no se está quebrando la sociedad", apuntilló.

Ante ello, el juez, según informó la Universidad en un comunicado, lamentó que España se "haya sumado a la lista de naciones que han decidido restringir en su legislación la jurisdicción universal". Al respecto, apuntó que el 4 de noviembre de 2009, día en el que se aprobó la ley que da carta de naturaleza a dicha restricción, "no será recordada como un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos".

En este sentido, también criticó que dicha decisión "no contara con un adecuado" debate en el Parlamento, ironizando que la norma fue aprobada "casi con nocturnidad y alevosía".

Para Garzón el legislador realizó la reforma de la citada norma "sin tener en cuenta todas las posibles" consecuencias negativas que podría conllevar.

"El último recurso que se ha dado a la humanidad para combatir la impunidad", así definió el juez el significado que para él tiene el principio de justicia universal. Agregó que, además, su aplicación puede extenderse a numerosos supuestos, tales como narcotráfico, terrorismo, piratería o dictaduras.

Garzón que prefirió no comentar el caso particular del franquismo "por respeto a la situación procesal" en la que está inmerso, "aunque no por falta de ganas"; recordó que, "en ocasiones, la interpretación que se hace de las leyes ha servido para proteger a quienes han cometido los crímenes, los victimarios".

"Cuando investigamos hechos imprescriptibles que afecta a quienes han sido altos responsables políticos de un país, como sucede en el caso de las dictaduras, sucede un hecho curioso: de golpe, las autoridades nacionales que hasta la fecha no habían hecho nada, deciden actuar alegando que sus leyes son suficientes pero finalmente no hacen nada, o protegen a los investigados", apostilló.

Ante ello, subrayó la necesidad de que, "por encima de las posibles interpretaciones que se puedan hacer de una ley, siempre se debería actuar focalizándose en aquellos que han sufrido, a favor de las víctimas" porque, dijo, ello "no supondría quebranto alguno" a lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución referido a la presunción de inocencia. "Lo que pido es, justamente, que exista un proceso justo y que no se impidan los juicios", apuntó.

El juez también se refirió a la biodiversidad, ya que se refirió a que "muchos de los quebrantos de los derechos humanos que se dan en la actualidad tienen en su base algún tipo de exceso contra la sostenibilidad, como es el caso de las matanzas de indígenas en diferentes zonas de Latinoamérica", entre otras.

Garzón indicó que también se da el caso contrario, es decir, que un crimen contra los derechos humanos "tenga como consecuencia, además de las desgracias personales, efectos contra el medio ambiente". En este punto, se refirió a la expulsión de los tibetanos donde dijo que la "explotación que ha realizado China en el Tíbet ha provocado una grave deforestación y subidas en los ríos Yang Tse y amarillo que antes no se producían".