El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado seis sentencias que anulan la reorganización de la Policía Local de Lugo por la "incompetencia manifiesta" del órgano que firmó el decreto de reestructuración.

Así lo ha manifestado este martes uno de los portavoces de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Benito Martínez, al tiempo que ha precisado que con estas sentencias el Gobierno local tendrá que reponer la situación de la plantilla al estado anterior a la reorganización.

Según la resolución del alto tribunal gallego, que ratifica los anteriores pronunciamientos que había realizado el Contencioso Administrativo de Lugo, el decreto de reestructuración lo tendría que haber firmado el alcalde de Lugo en lugar del teniente de alcalde delegado de Área, que no es competente para esta función.

Además de asumir las costas, los fallos obligan al Ayuntamiento de Lugo a "reponer en la situación anterior a la nueva adscripción" a los Policías y recoge el resarcimiento de posibles daños económicos a los afectados.

Asimismo, también se incluye que cualquier adscripción de agentes a otros servicios debe ser "motivada" en cada caso concreto con la necesidad del cambio por parte del jefe de la Policía, figura esta última, que, según el sindicalista, "no existe a día de hoy".

Las seis sentencias —todavía está pendiente una séptima— se produjeron por distintos reclamaciones de los diversos colectivos que integran la Policía Local, entre los que figura la unidad de sanciones "desmantelada" desde la reestructuración, según el sindicato. INDEMNIZACIÓN

Por otra parte, el Ayuntamiento de Lugo ha informado hoy de la denegación por parte del juzgado del Contencioso Administrativo número 2 de Lugo de una indemnización de 60.000 euros que solicitaba al Gobierno local un policía local en un recurso contra la reorganización de este cuerpo.

Según explicó el Ayuntamiento, la jueza "estimó parcialmente el recurso" del policía local, que reclamaba la nulidad de esa resolución y una indemnización por considerar que había sido objeto de "discriminación" con esta reorganización.

En concreto, el juzgado reconoce que el decreto debería haber sido firmado por el alcalde y por el teniente de alcalde, aunque "desestima el resto de las pretensiones del demandante".