Los práctica totalidad de los sindicatos con representación en las cajas de ahorro gallegas —UGT, CIG y CSICA— han criticado la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) que ha aprobado el Consejo de Ministros al considerar que ésta abre la puerta a la "privatización" y a la "bancarización" de las entidades de crédito, dado que la nueva normativa les permitirá emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones, por un importe no superior al 50 por ciento de su patrimonio. Tan sólo CC.OO. se ha mostrado a favor de la modificación legislativa, que introduce, a su juicio, cambios "positivos".

Por su parte, el secretario general de la sección sindical de UGT en Caixanova, José Ramón del Pliego-Valdés, ha alertado de que este punto supone "un ataque" a las cajas, que se convertirán "en la práctica, en entidades bancarias". Entre los efectos de esta "bancarización", en declaraciones a Europa Press, ha pronosticado que se registrarán "importantes" cierres de oficinas en zonas rurales, dado que no compensará "desde el punto de vista empresarial" mantener una sucursal "para que los ancianos vayan a retirar su nómina".

Estas afirmaciones han sido suscritas por el secretario nacional de la Federación de Banca, Ahorro, Seguros y Oficinas de la CIG, Clodomiro Montero, quien ha lamentado que, con las cuotas participativas, los beneficios repercutirán "en los bolsillos de los accionistas" y las cajas perderán así "su naturaleza social". Así, para el sindicato nacionalista, el "decretazo" aprobado por el Gobierno central responde "a una visión antidemocrática de la economía guiada por el extremismo ultraliberal del FMI y la UE", que llevan "años" pidiendo la privatización de las cajas por ser "un suculento bocado para los especuladores internacionales".

A mayores, el presidente nacional de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorro (Csica), Félix Torquemada, ha convenido que la modificación legislativa resolverá "alguna necesidad" pero no supondrá "despolitización, profesionalización ni modernización" de las entidades de crédito. Por ello, ha opinado que "no es lo que el sector necesita" y que el Ejecutivo estatal se ha "quedado corto" con la reforma y ha apelado a la "responsabilidad" de las cajas para que adopten estas medidas "con criterio" y "pensando en la supervivencia de un sector imprescindible en España".

En el lado opuesto, el responsable de banca en CC.OO., Julián Valiente, ha considerado "positivo" que se busquen fórmulas para dotar de liquidez a las cajas y ha confiado en que esta medida contribuya "al fortalecimiento de las cajas". No obstante, ha entendido —en declaraciones a Europa Press— que la medida que fija la ley "no parece la mejor manera" y que "ya se debería haber actuado antes", tras un año repleto de noticias "preocupantes" sobre el sistema financiero español.

Exclusión financiera

Al hilo de la posibilidad de que el capital privado entre en las cajas de ahorro, el sindicalista de UGT ha explicado que España es uno de los países con menor exclusión financiera gracias a las entidades de crédito y ha augurado que, con la entrada en vigor de esta ley, "las cajas desaparecerán sin más". "Se acabó el apoyo al territorio", ha resuelto, convencido de que se instalará la búsqueda del beneficio "puro y duro".

Para Julián Valiente, en cambio, la exclusión financiera sería "mucho mayor" en el caso de que las cajas debieran cerrar por falta de liquidez. "Nos gustaría que siguieran siendo caballos blancos alados, pero en la situación en que estamos parece más importante preservar su existencia, aunque sea desnaturalizándolas un poco", ha subrayado, consciente de que "está en juego la pervivencia de las entidades". "POLITIZACIÓN"

Sobre la entrada de políticos en las entidades de ahorro, la CIG ha lamentado el "control partidista" al que se ha sometido a las cajas y ha censurado que el Gobierno central, "que se opuso a la Ley de Cajas de Galicia y quiere un periodo de transición para que altos cargos públicos del PSOE continúen en el consejo de administración de la nueva entidad", haya aducido que "el problema principal es la presencia de los políticos" en los órganos de dirección.

Por su parte, para Csica, la "aparente despolitización" de las cajas no es sino "una cortina de humo" porque, si bien no entrarán cargos electos en los consejos de administración, sí entrarán "personas designadas por ellos". Además, ha considerado "excesivo" que se les siga otorgando una representación del 40 por ciento de la parte que no esté en manos de los inversores y aunque Torquemada ha afirmado "no estar sorprendido porque los políticos no despoliticen las cajas", ha lamentado el "desolador panorama" que se presenta a estas entidades.

A este respecto, CC.OO. ha descrito como "positiva" la incompatibilidad de los cargos electos para ocupar puestos en las cajas de ahorro, pero ha puntualizado que cada comunidad tendrá la potestad de hacerlo a su manera. De cualquier modo, la única limitación que, a su juicio, se puede establecer sobre este extremo es que los cargos electos "no ocupen cargos profesionales". "Los profesionales deben estar en primera línea de fuego y los cargos, en los consejos, en un segundo plano", ha defendido.