El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, será quien se reúna en los próximas días con los representantes de los cinco colegios de médicos de la región para "aclarar cualquier tipo de duda" que puedan tener sobre la aplicación de la nueva Ley del Aborto, según ha aclarado este jueves a Europa Press fuentes de la Consejería.

Estas mismas fuentes han explicado que en estos momentos se está buscando una fecha en la que puedan reunirse los cinco presidentes con el consejero. En la reunión se hablará de las novedades de la nueva legislación y se abordará el registro de médicos objetores, que —según Lamata— es "únicamente para quien quiera expresar objeción de conciencia" a practicar un aborto y pueda registrarlo con confidencialidad de vida, por lo que no tiene ninguna intención de ser "una lista negra".

A preguntas de los medios, Lamata, tras la presentación de la Guía para Celíacos, ha destacado que aunque el registro es una garantía para el profesional sanitario, está abierto a cualquier sugerencia.

Además, recordó que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor en 1987 y ha explicado que entonces tampoco recogía la posibilidad de que los médicos estuvieran obligados a realizar esta técnica. Así, Lamata, como ex director del Insalud en Madrid, ha recordado que "hubo dos hospitales públicos en Madrid que aceptaron prácticar esa intervención y en la mayor parte las clínicas privadas asumieron estas tareas".

El consejero de Salud y Bienestar Social ha aclarado que desde hace 25 años, que se está aplicando la ley, "no ha habido problemas" y de hecho, "se ha podido garantizar a una media de más de 100.000 embarazadas intervenidas al año, haciéndose el 98 por ciento en clínicas privadas".

En este sentido, ha explicado que la nueva ley es una modificación parcial donde "no se exige" a la mujer el dictamen de un médico hasta las 14 semanas de embarazo, y de esta manera, "se simplifica el procedimiento" y resulta "más sencillo" que lo que lo que venía ocurriendo estos años. Además, la ley mantiene proporcionar información y tres días de reflexión a la mujer que quiere intervenir en su embarazo, ha concluido.