La solución al problema de los derribos estará finalmente en la propuesta de la Consejería de Obras Públicas. Los tres grupos parlamentarios han acordado que sea el texto del Gobierno el que se tramite para aprobar una ley que permita aumentar la seguridad jurídica en la región y resolver, en los casos que sea posible, la situación de las viviendas con sentencia firme de derribo.

La propuesta del Ejecutivo, que supone introducir modificaciones en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y en la Ley del Suelo, ha sido ya presentada por los tres grupos en el Parlamento en forma de proposición de ley.

La idea es que pueda aprobarse definitivamente en el Pleno dentro del mes de julio, en los últimos diez días, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La iniciativa, como cualquier proposición de ley, tiene que remitirse ahora al Gobierno regional para que manifieste su criterio. Para acortar los plazos se tramitará con carácter de urgencia, de forma que el Ejecutivo deberá responder en un máximo de ocho días hábiles, en lugar de los 15 habituales.

Una vez llegue su respuesta a la Cámara, si no hay enmiendas, como parece que no habrá tras el acuerdo de los tres grupos, se calcula que la ley podrá estar aprobada en los últimos diez días del mes de julio.

El escrito presentado este viernes por los tres partidos solicita que se habiliten los plazos necesarios para que se pueda aprobar en un Pleno extraordinario no más tarde del 1 de septiembre, pero se espera no tener que llegar a ese plazo.

Los grupos parlamentarios tenían sobre la mesa tres propuestas diferentes para dar solución al problema de los derribos. Así, contaban con el texto de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, otro del Ayuntamiento de Piélagos, y un tercero redactado por los consistorios de Argoños, Arnuero y Escalante.

Para decantarse por el texto del Ejecutivo, lo que ha primado es el deseo común de que esta futura ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo salga adelante por unanimidad, como ha solicitado la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo.

Opiniones de los grupos

El portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, ha explicado a esta agencia que la voluntad es ofrecer una solución "legal, respetuosa con el medio ambiente" y también con los derechos de los afectados.

Para el socialista Francisco Fernández Mañanes la propuesta adoptada es una respuesta "razonable" al mandato parlamentario que instaba a adoptar medidas al problema de los derribos dentro de la legalidad. Y también cree que es una solución "razonablemente satisfactoria" a las demandas de los afectados que, entre otras cosas, reclamaban "unidad" a los grupos parlamentarios.

En cambio, el 'popular' Francisco Rodríguez piensa que hay una solución "mejor" que ésta, ya que, por ejemplo, echa en falta en el texto el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial. De todas maneras, ha afirmado que es "mejor seguir avanzando" y, dada la importancia de sacar la iniciativa adelante por unanimidad, el PP ha hecho "un esfuerzo de generosidad" para apoyar este texto.