El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) retoma sus deliberaciones sobre el Estatut de Catalunya en un Pleno que ha sido convocado para este lunes, y los días sucesivos, "para votación y fallo" de la sentencia, cuya ponente es la presidenta del tribunal, María Emilia Casas.

Las deliberaciones sobre el texto se reanudan una vez que se ha dado carpetazo definitivo a los diferentes intentos procesales del Gobierno de la Generalitat para evitar que los magistrados que actualmente componen el tribunal acaben dictando la sentencia alegando razones de falta de legitimidad, por haber concluido un tercio de ellos el mandato para el que fueron designados en diciembre de 2007.

Así, el tribunal ha rechazado los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat y el Parlament catalanes que cuestionaban la competencia del tribunal y un segundo incidente procesal presentado con el objetivo de reintegrar en las deliberaciones al magistrado del "bloque progresista" Pablo Pérez Tremps, que había sido apartado a instancias del PP.

Según fuentes del órgano constitucional, el borrador de Casas asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera —que fue rechazada por seis votos frente a cuatro— respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término "nación" en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.

En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia —que podría incluir 13 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos— la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.

En principio, ninguno de los magistrados que deliberan sobre el Estatut es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente del tribunal, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".

La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut —queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo—, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.