En este sentido, apuntó que en un sólo procedimiento ya se investiga la supuesta defraudación de casi 30 millones de euros. Según la memoria de esta sección de la Fiscalía malagueña, los asuntos tramitados en 2009 crecieron en más de un 38 por ciento respecto al año anterior, ya que en 2008 fueron 94, mientras que el pasado año fueron 138 asuntos. Además, las diligencias de investigación penal fueron 41, cifra similar a la de 2008.

De esos 41 asuntos, 30 terminaron con la interposición de querellas o denuncias, de las que dos fueron por defraudaciones por el IRPF y la mayoría, un total de 28, por delitos cometidos supuestamente por empresas en el ámbito de la Hacienda Pública, en concreto por fraudes en el IVA y en el impuesto de sociedades, según precisó.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de las querellas se presentó en el partido judicial de Marbella, aunque también hubo seis remitidas al Juzgado Decano de Málaga, tres a los juzgados de Torremolinos, dos a los de Fuengirola y una al Juzgado Decano de Estepona.

El fiscal responsable de esta área señaló en rueda de prensa que el mayor incremento en número de procedimientos se dio en los delitos de insolvencia, denominados alzamiento de bienes, ya que pasaron de 23 tramitados en 2008 a 48 en 2009. En este tipo delictivo fue donde más incidió la crisis económica, según señaló el fiscal.

Explicó que antes de 2008 hubo "un incremento de asuntos civiles sobre reclamaciones de deudas o impagos y en el curso de esos procesos se han detectado ciertas irregularidades de disposición fraudulenta de los bienes por parte de los deudores para eludir el pago de los créditos a favor de empresas o particulares".

En cuanto a los delitos societarios, también se ha apreciado "un aumento", pasando de 22 procedimientos en 2008 a 35 en 2009. A este respecto, incidió en que el incremento tanto en estos asuntos como en los de insolvencia "viene determinado por la situación de crisis económica que vivimos".

No obstante, en relación con los delitos societarios, indicó que también incide "el gran peso de trabajo que tienen los juzgados de lo Mercantil", de forma que en algunos de los asuntos tramitados en 2009 "se utiliza la vía penal como medio más rápido que la tramitación del asuntos" ante los mercantiles.

De hecho, dijo que incluso se solicitaron al juez de instrucción medidas cautelares, como la suspensión de determinados acuerdos de juntas generales o consejos de administración, o la designación de una administración judicial, por lo que "hechos que hasta hace poco tiempo eran conocidos por la jurisdicción mercantil han pasado a la penal".

La otra fiscal perteneciente a esta sección, María del Mar López-Herrero, aseguró que en ocasiones la ocultación del dinero se realiza a través de sociedades interpuestas, "normalmente colocadas en paraísos fiscales, que es el gran problema a nivel general y permite el fraude fiscal a gran escala".

A este respecto, González apuntó que la Costa del Sol tiene "la cercanía de Gibraltar" y manifestó que "es un hecho notorio que muchos delitos que se cometen en la costa es con la utilización de sociedades gibraltareñas".

Por último, el fiscal aseguró que las denuncias procedían de la remisión de expedientes administrativos por parte de la Agencia Tributaria tras las inspecciones realizadas y destacó la mejora en las vías de comunicación con dicho organismo y también con la Abogacía del Estado y la Tesorería General de la Seguridad Social.