Este es el principio de acuerdo al que llegaron este lunes el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para poner en marcha el futuro Sistema Nacional de la Dependencia, que supondrá el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y el sistema de pensiones, según informó la Secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.

Se trata de un principio de acuerdo, de carácter político, que deberá someterse a examen de los órganos de dirección de sindicatos y patronal a lo largo de esta semana.

El Consejo de Ministros del próximo viernes informará de las líneas básicas del anteproyecto de una de las leyes 'estrella' de este Gobierno.

En virtud del acuerdo, la Ley de Dependencia será una Ley de carácter básico y estatal que regulará las condiciones de acceso en términos de equidad en todo el Estado.

A través de esta ley, se reconocerá un derecho de carácter universal para todos los ciudadanos, así como un catálogo de prestaciones económicas y de servicios (asistencia a domicilio, teleasistencia, centros de día, etcétera), dando prioridad a estas últimas.

"Se trata de construir una auténtica red de carácter público", subrayó Fontecha.

ENTRE 2007 Y 2015

El sistema tendrá un periodo de implantación progresiva comprendido entre el 2007 y el 2015, con el fin de que no se vea desbordado.

Así, año tras año se irán incorporando los distintos grados de dependencia, empezando por los más graves (según los expertos, en torno al millón de personas).

La futura Ley quedará en el ámbito general de la protección de la serguridad social, pero no será una prestación como tal de este organismo. Tampoco dependerá de la Seguridad Social, ni en términos de gestión (dado que los servicios sociosanitarios están transferidos a las comunidades autónomas), ni a nivel económico.

No obstante, el Gobierno prevé utilizar parte del excedente actual (unos 8.400 millones) en el periodo de implantación del sistema.

Esto no significa que en el futuro se convierta en una nueva cotización.

La mesa de Diálogo Social calcula que el coste total del sistema asciende a los 9.500 millones anuales (usuarios y comunidades autónomas ya aportan 1.500).

Según Fontecha, la Administración General del Estado financiará la mitad del nuevo coste; unos 3.500 millones.

Fuentes de la negociación estiman que las comunidades autónomas financiarán la otra mitad y el resto lo aportarán los ciudadanos en función de sus recursos y el coste del servicio.

Todavía no se han fijado los baremos, pero está garantizada la asistencia gratuita para todos aquellos que no tengan recursos.