En dicho recurso contencioso administrativo, al que tuvo acceso Europa Press, se considera "contraria a derecho y gravemente lesiva a los intereses del personal al servicio de la administración pública" la resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos por la que se dictan instrucciones en relación con la confección de las nóminas de los funcionarios públicos, en aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, y por ser la norma a través de la que se actualizan las cuantías de las retribuciones del personal funcionario a que se refiere la Ley de Presupuestos General del Estado.

En su recurso, el SAF pidió la suspensión cautelar de dicha resolución, por "ser contraria a Derecho, por ser confiscatoria y arbitraria, al lesionar gravemente el principio de seguridad jurídica", toda vez que "el Derecho obliga al legislador a respetar los derechos adquiridos por exigencias constitucionales y por garantía de los derechos económicos, algo que la resolución impugnada conculca al consagrar una bajada del cinco por ciento en los conceptos retributivos del personal funcionario".

Asimismo, recordó que el Real Decreto-Ley 8/2010 regula la retribución de los funcionarios, "que es materia de negociación colectiva con las organizaciones sindicales de acuerdo con el EBEP, pero dicha negociación no ha sido llevada a cabo con los sindicatos representativos del personal funcionario, vulnerando no sólo el EBEP, sino también nuestra propia Constitución, cuyo artículo 37 recoge el derecho a la negociación colectiva".

Precisó que el SAF plantea el recurso en defensa de los intereses profesionales de los funcionarios de la Administración autonómica que representan "por cuando se hallan sometidos al régimen retributivo nacional".

Recurrir todas las normas de desarrollo

Fuentes del SAF indicaron a Europa Press que el sindicato "va de verdad contra todo el desarrollo reglamentario de aplicación del 'sablazo', y, por supuesto, no acudimos a 'recursos propaganda', como los de algunos sindicatos, que son interpuestos de cara a la galería y sin tener legitimación para recurrir una Ley, que es en lo que se convierten estos 'decretazos".

En ese sentido, advirtieron de que también recurrirá "todas las normas de desarrollo del decreto ley de la Junta, con petición de su suspensión cautelar" y esperan que "todos los sindicatos que representan a los funcionarios y demás personal al servicio de las administraciones públicas también recurran las normas que servirán para meternos la mano en la cartera".

Asimismo, anunciaron que también van a ayudar a sus afiliados a recurrir para recuperar el dinero que les van a quitar de la nómina a cada uno mensualmente, según los decretos ley de Junta y Gobierno, de forma que ofrecerán sus servicios jurídicos para impugnar cada nómina que contenga reducción de haberes con respecto a la nómina de mayo de 2010.