La Ley tiene como objetivo reducir el gasto del sector público en Aragón, al igual que el Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, el pasado mes de mayo, un Real Decreto para recortar el gasto público.

El consejero de Presidencia del Gobierno autónomo, Javier Velasco, presentó el proyecto de ley, del que recordó que contempla medidas como la reducción de los salarios de los trabajadores de la Administración autónoma, en una horquilla del 2 al 7 por ciento de las retribuciones básicas, a lo que se añaden otros recortes en los complementos.

Velasco señaló que el presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias, y el resto de los miembros del Ejecutivo, junto con los altos cargos y personal asimilado, verán reducidos sus ingresos salariales en un 15 por ciento.

Según Velasco, "se sigue apostando por mantener el espíritu de diálogo y negociación colectiva", a lo que añadió que está pendiente aprobar una ley autonómica sobre la función pública.

"Estamos pidiendo un esfuerzo, un sacrificio", que los afectados "sean generosos con el conjunto del país" y consideró que es preciso que los ciudadanos "sientan que cuentan con servicios públicos" de calidad con "buenos funcionarios, con el personal necesario".

El consejero recordó que, tras el recorte de 5.000 millones de euros en las Administraciones autónomas de toda España, el conjunto de las más de 8.000 corporaciones locales españolas deberán rebajar su gasto en unos 3.000 millones.

El titular del Departamento de Presidencia señaló que el Gobierno aragonés lleva dos años "ajustando" sus Presupuestos, "sentando las bases para despejar incógnitas" y aseveró que "no hemos perdido ni un solo día" para que Aragón tenga unas "sólidas bases de crecimiento".

Según Velasco ya hay resultados, en alusión a las décimas de crecimiento económico y al frenazo de la destrucción de puestos de trabajo en la economía española. 'NO'

En bloque

La oposición rechazó en bloque el proyecto de ley. El portavoz del PP, Eloy Suárez, espetó al jefe del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias, que "todo lo que se le ha ocurrido a usted y su Gobierno es recortar la nómina de los funcionarios", lo que significa "complicarle la vida a más de 40.000 familias".

Este es "el mayor recorte de toda la Historia", prosiguió Suárez, quien se preguntó si el Ejecutivo ha reducido su maquinaria de "propaganda" y respondió que no, a lo que agregó que "es materialmente imposible entender" que, a la vez, se recorte el sueldo a los funcionarios.

Alertó de que, si se recurre la futura Ley ante el Tribunal Constitucional (TC), un futuro Gobierno podría verse obligado a devolver el dinero retenido a los funcionarios.

El dirigente del PP prosiguió preguntando a Iglesias "cómo podrá mirar a la cara" a un funcionario al que le hayan recortado el sueldo un 5 por ciento "para pagarle a alguien que no viene a trabajar 43.000 euros", lo cual "es literalmente imposible de entender", en alusión a los asesores políticos.

Suárez dijo que el Real Decreto del Gobierno de España que establece las medidas de ajuste y que se traslada a las Administraciones autónomas aprobando leyes autonómicas de similar contenido no se aplica por igual en todas las regiones y comentó que los funcionarios catalanes verán recortado su sueldo menos que en Aragón.

La diputada de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, equiparó las medidas que se están poniendo en marcha a las políticas económicas de Argentina durante la década de los años 80 del siglo XX, cuando aquel país se arruinó al aplicársele un tratamiento de "shock neoliberal".

La dirigente de CHA expresó que "la pérdida de confianza es total" y aseveró que los discursos económicos del Gobierno central y del regional "están consiguiendo una confusión manifiesta". En septiembre de 2009, la vicepresidenta económica del Gobierno central, Elena Salgado, suscribió un acuerdo con los sindicatos para potenciar el diálogo social como "instrumento específicamente eficiente" de estabilidad social y económica, recordó.

Nieves Ibeas prosiguió afirmando que es "improcedente" que la reducción del déficit la paguen las personas con menores sueldos mientras las grandes fortunas siguen ganando dinero "gracias al apoyo legal del Estado" y espetó que el PSOE "ha empezado" por donde jamás lo debería hacer un partido socialista.

Ibeas pronosticó que "se va a mermar el poder adquisitivo de un buen número de familias" y alertó de que se están incumpliendo acuerdos laborales alcanzados en la negociación colectiva.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, aseguró de que "no se va a librar nada ni nadie" de los recortes y de que está en riesgo el Estado del Bienestar. Barrena criticó a los promotores del recorte, quienes "se apoyan en el mensaje falso" según el cual "no queda otro remedio" que tomar estas medidas.

Barrena expresó que, de la actual crisis, sólo se benefician "la derecha y los ricos", tras lo que indicó que PSOE y PAR "están contribuyendo a restaurar el neoliberalismo" y propuso a los socialistas que pacten las medidas con los partidos de izquierda, no con la derecha.

El parlamentario de IU pidió a los miembros del Gobierno autónomo que "dejen de arrodillarse ante el dios mercado" y recomendó ajustar el gasto, crear empleo y modificar la política fiscal.

Lectura única

El parlamentario popular Eloy Suárez dedicó parte de su discurso a criticar la decisión de la Mesa de las Cortes de tramitar este proyecto de ley mediante el procedimiento de lectura única, según el cual los Grupos Parlamentarios no pueden presentar enmiendas parciales al texto que remite el Gobierno autónomo.

Este procedimiento es "irracional" en un caso como este, continuó Suárez, quien lamentó que PSOE y PAR se hayan puesto de acuerdo "para que la oposición no pueda plantear sus alternativas", es decir, "para que no haya un mínimo debate".

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, tildó el debate de "teatro", en el sentido de que el procedimiento de lectura única impide la introducción de enmiendas al proyecto de ley.

También criticó el procedimiento el diputado de IU, Adolfo Barrena, quien dijo que si los responsables del Gobierno regional "hubieran tenido a bien" favorecer un debate con enmiendas, hubiera sido posible introducir medidas como el mandato para recuperar el empleo público y el poder adquisitivo.

Proyecto necesario

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Carlos Tomás, defendió el proyecto de ley, expresó que "teorizar es sencillo, pero luego hay que pasar a la práctica" y solicitó "el respaldo de todas las fuerzas políticas" para que Aragón se sitúe "en una situación de competencia".

Tomás expresó que "es utópico pensar que después de esta crisis nada va a cambiar" y dijo que Aragón no debe quedarse "a mitad de camino", tras lo que indicó que la sociedad aragonesa no está "histéricamente agitada".

El diputado del PAR, Javier Allué, defendió "esta especie de escote general" cuyo objetivo es "salvarnos de una crisis permanentemente negada, pero que nos ha pasado como una apisonadora" y recordó que el Estado debe asegurar la "protección" a las personas.

Allué dijo que el PAR criticó, antes de hacerse pública la crisis, medidas como el cheque-bebé y otras, que costaron miles de millones de euros al Gobierno de España, lo que llevó al endeudamiento. También propuso dialogar sobre la economía sumergida y la disciplina fiscal, para fomentar "un gran acuerdo político y social", lo cual es "pedir peras al olmo" a día de hoy.