El PNV defendió hoy su abstención a la modificación de la Ley de Presupuestos del País Vasco que incluye el recorte de gasto público, porque las medidas de reducción de salarios presentan "problemas de legalidad" y acusó al Gobierno vasco de "no tener credibilidad", ya que no está reduciendo el gasto corriente, sino que lo ha aumentado entre los meses de enero y mayo en 82 millones de euros.

La parlamentaria del PNV Ane Urkiola compareció hoy en el pleno del Parlamento vasco en el turno de explicación de voto para mostrar su posición contraria a la reducción de gastos de trabajadores públicos prevista en el Decreto del Gobierno central y rechazó su aplicación en todos organismos públicos, porque "no tiene en cuenta la situación financiera de cada Administración ni los marcos de regulación de cada ámbito".

Asimismo, criticó que los datos del Ministerio de Administración Pública confirman que Euskadi está a "años luz" del resto de Comunidades Autónomas en la lucha contra el déficit y defendió que si el País Vasco tiene condiciones económicas "diferentes", deben adoptarse "medidas diferentes".

Urkiola criticó también la forma en la que se ha llevado a cabo la modificación de la Ley de Presupuestos, ya que el Gobierno eligió el trámite de lectura única basándose en la urgencia de las medidas. Para el grupo jeltzale, esta elección "niega" la opción a los grupos para hacer aportaciones, porque no pueden presentar enmiendas.

Para la parlamentaria jeltzale, esto es "grave" porque la modificación no ha sido negociada con los agentes sociales "ni cuentan con un acuerdo mínimo". "Muchos de los agentes han conocido las propuestas a través de los medios de comunicación y nos preocupa que se continúe con este estilo desde el Gobierno", insistió.

Urkiola denunció que "el objetivo de esta ley no es hacer frente a la crisis, sino reducir el déficit" y acusó al Gobierno de "no tener credibilidad" porque no está reduciendo el gasto corriente, sino que lo ha aumentado entre los meses de enero y mayo en 82 millones.

Por otro lado, reiteró las "reservas" que la formación tiene respecto al contenido del proyecto, al considerar que las decisiones de la Administración en la primera disposición presentan "problemas de legalidad" y manifestó sus dudas de que el Gobierno tenga "legitimidad" para hacerlo, porque "cambia el marco estable de condiciones laborables pactadas con los sindicatos y obliga a las centrales a no aplicar lo pactado con los trabajadores".

Asimismo, mostró su preocupación porque la reducción del 5 por ciento se aplique en las ayudas y convenios educativos, y lo consideró "cuestionable desde un punto de vista jurídico". Respecto a la paga de diciembre, denunció que existe una "gran indeterminación y falta de concreción".