El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, denunció hoy anomalías en la gestión de cuentas del Principado de Asturias y aseguró que esta institución "realiza las verificaciones que tiene a bien" de los informes que le remiten los órganos autonómicos que han ido creándose y que han ido sustituyéndola en la fiscalización del sector público.

Durante el debate en el Senado del Informe Anual de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias correspondiente a 2004, recalcó que fue precisamente ese año el último que el Tribunal hizo informe, pues de esto comenzó a encargarse después la Sindicatura de Cuentas del Principado.

"La utilidad de traer la cuenta de 2004, la última que hizo el Tribunal de Cuentas, está en el deber de presentar todos los informes, y en que ese año da un punto de partida que permite comparar la evolución de la gestión del sector público en Asturias, y de las relaciones cada vez más perfeccionadas con los órganos de control externo de las CCAA", planteó.

Así, destacó que la Sindicatura asturiana ha remitido al Tribunal todos los informes elaborados desde su constitución. Señaló que los de 2005 y 2006, los primeros, se hicieron "no en colaboración, pero sí en sintonía, pues unos y otros tenían datos y cifras que había que poner en común". Después recalcó que recibieron los informes también de 2007 y 2008, y otros siete informes de carácter singular.

"tribunal modifica,

Corrige o verifica"

Núñez Pérez destacó en este punto que no solamente el Tribunal actúa "motu propio modificando, corrigiendo o verificando" lo que recibe de las autonomías, sino que los propios responsables de la gestión del sector público de cada CCAA le pueden pedir que "vea algún aspecto sobre el que no tenga el mismo criterio que la Sindicatura o el órgano de control externo correspondiente".

"El sector público es fiscalizado en su totalidad en la parte correspondiente a los órganos de control externo, y en la parte total correspondiente al Tribunal de Cuentas. Seguimos con la responsabilidad de estar atentos a la evolución del cumplimiento de estas recomendaciones", aseguró.

Sobre el Informe presentado, reconoció que se trata de "cuestiones ya pasadas y muy mejoradas en algunos aspectos". En cualquier caso, explicó que los datos de 2004 son sobre las cuentas de las entidades del sector público asturiano, con 5 organismos autónomos, 6 entes públicos, 17 sociedades mercantiles, 7 fundaciones, 2 consorcios y otras 3 entidades públicas.

Así, denunció una serie de anomalías en la contabilidad y la gestión del sector público, como no tener implantado un sistema contable adecuado para el seguimiento y control de cada proyecto de inversión. Deficiencias también en la representación contable y su gestión, en la rendición de cuentas, ausencia de una contabilidad analítica, presupuestos modificados sin cobertura jurídica y mantenimiento de saldos con demasiada antigüedad.

En esta línea, agregó que los inventarios disponibles -siempre correspondientes a 2004- presentaban deficiencias en la situación patrimonial del Principado, de manera que no se permitía conocer la situación de los bienes inmuebles, así como en el capítulo de las inversiones financieras, sobre las que no se tuvo información sobre el estado de los diferentes préstamos concedidos y pendientes de reintegro a la CCAA.

Informaciones incompletas

Destacó que endeudamiento a largo plazo del Principado era a 31 de diciembre de 2004 un 10 por ciento inferior al del ejercicio precedente, pero denunció que la relación de deudores presupuestarios presentada por la CCAA era "incompleta y mantenía saldos muy antiguos por importe superior a 20 millones de euros, algunos de los cuales se remontaban al ejercicio 1986, que deberían ser objeto de depuración".

Asimismo, señaló que el saldo de deudores presupuestarios a final del ejercicio se encontraba afectado por diversas "salvedades cuyo efecto sería una reducción de 107 millones de euros", al tiempo que resaltó que 2004 cerró con 32 años de superávit en lo que a estabilidad presupuestaria se refiere.

Criticó que la mayor parte de los avales otorgados presentaban "alto riesgo", cuya cuantía ascendía a 86 millones de euros, de los "que 3 eran avales ya vencidos y pendientes de pago". Además, agregó que había "ausencia de criterios adecuados en la concesión de subvenciones y sobre todo de baremos explícitos y precisos en los que sustentar los criterios".

Acerca del fondo de compensación interterritorial, aseguró que las dotaciones de créditos para los fondos y "sus posteriores modificaciones se consignaban en proyectos plurianuales en los que no podía hacerse un control y seguimiento adecuado".

Tampoco había una "justificación adecuada" en los expedientes de obras de carreteras, en la construcción de un centro directivo, en el suministro de medicamentos". Según dijo, en todos ellos no se justificaba la necesidad de "los fines del contrato para servicio público", y agregó que esta "justificación era insuficiente en contratos de edificación de vivienda de protección pública". Por todo ello, recomendó la subsanación de todas las "insuficiencias normativas y las deficiencias comentadas".

Críticas del pp

Por parte del PP, el diputado Isidro Fernández Rozada, señaló que se presenta en el Informe una liquidación presupuestaria que tiene importante superávit y se destaca el descenso del 10 por ciento de endeudamiento de la CCAA.

"Estos datos dan añoranza por el deterioro de la comunidad y del país en los últimos años, tal vez por falta de reconocimiento de los primeros síntomas cuando eran ya evidentes, y luego adopción de medidas equivocadas", planteó.

Preguntó al presidente del Tribunal si todas las deficiencias podría decirse que estaban subsanadas, y denunció que éstas hacían necesario "adoptar medidas frente a comportamientos poco rigurosos en los que ha prevalecido la desidia o el interés frente al interés general".

Por parte del Grupo Mixto, Francisco Javier Tuñón destacó que la Sindicatura emite sus informes "más rápidamente y ha emitido ya el de 2008", así que el valor de este informe de 2004 "llega tarde y todas las correcciones han venido subsumidas por los informes sucesivos que se han hecho".

La socialista Carmen Sanjurjo habló de "informe de transición" y aseguró que "muchas de estas cuestiones se han corregido en ejercicios anteriores". Por ejemplo, destacó que "se dispone de un inventario de los bienes inmuebles y muebles en proceso continuo de actualización".

"Se ha mejorado en la correcta definición de pliegos de los concursos, así como los requisitos que deben cumplir los beneficiaros de subvenciones. Se ha impulsado la creación de una base de datos única de subvenciones para todo el Principado aumentando el control y evitando duplicidades. Este es el compromiso político y administrativo de Asturias con el proceso de mejora continua de la gestión pública", expuso.