López presidió hoy, en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco, en Vitoria, la firma del Pacto Social por la Vivienda, en un acto en el que también estuvo presente el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola. El documento, cuya negociación con instituciones y agentes sociales y económicos ligados al sector se inició el pasado mes de noviembre, pretende recoger "consensos básicos" sobre las políticas a aplicar en materia de vivienda en los próximos años.

El pacto, que no ha sido firmado por diputaciones ni la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, tiene entre sus objetivos el aumento del parque de vivienda protegida y el impulso del alquiler. Asimismo, con este documento se aspira a dar respuesta a la necesidad de vivienda de 90.000 familias e ir incrementando progresivamente el número de pisos en alquiler, hasta lograr que en 2013 las viviendas promovidas en régimen de arrendamiento representen el 40 por ciento y en 2025, el 50 por ciento.

En su intervención, y en referencia al problema del acceso a la vivienda, López destacó que las 96.000 personas inscritas en Etxebide "es la radiografía más precisa para detectar esa fisura que tenemos en el progreso de la sociedad". En este sentido, confió en que el acuerdo suscrito hoy contribuya a avanzar hacia el objetivo de "posibilitar el acceso a una vivienda digna de todas aquellas personas que quieren poder desarrollar su propio proyecto vital entre las paredes de un hogar".

Por ese motivo, y aunque no se refirió expresamente a las diputaciones y ayuntamientos —algo que sí hizo en su intervención previa Arriola— hizo un llamamiento a la "responsabilidad" y mostró su "mano tendida" para tratar de "ampliar los acuerdos de hoy".

En esta línea, también mostró su deseo de aprobar con el mayor respaldo posible la Ley de Vivienda -que se prevé remitir al Parlamento antes de finales de año— y la Ley Municipal, que el Gobierno enviará a la Cámara en septiembre. Ambas normas, según indicó, "pueden ayudar a solucionar el problema de la vivienda".

Arriola, por su parte, hizo un llamamiento a la "colaboración institucional" de ayuntamientos y diputaciones y mostró su disposición a dialogar para tratar de que se sumen al pacto firmado hoy. CONTENIDOS

El pacto pretende ubicar las "necesidades potenciales" de vivienda para ayudar a aquellos municipios en los que históricamente no se haya promovido vivienda protegida. También plantea impulsar los alojamientos dotacionales y crear nuevas figuras dirigidas a cubrir la necesidad de vivienda en diversas situaciones.

Para poder obtener los recursos económicos que permitan cumplir estos objetivos, el Ejecutivo avanzó que se buscarán sistemas "novedosos", entre los que se encuentra la colaboración público-privada o la venta de suelo a los dueños de pisos protegidos edificados en derecho de superficie.

También se pretende incrementar la disposición de suelo y movilizar aquellos suelos que actualmente se encuentran estancados mediante una "mayor y mejor" colaboración con los ayuntamientos y reforzando el papel de estos.

Por ejemplo, el documento firmado propone introducir los cambios normativos necesarios para dotar a los Ayuntamientos de capacidad de decisión a la hora de fijar porcentajes adecuados de VPO a cada actuación, dentro de los límites que se establezcan en la normativa