El Ayuntamiento (IU-PSOE) no se plantea prohibir el velo integral en edificios municipales

El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), dijo hoy que el Ayuntamiento no se plantea prohibir el uso del velo integral islámico --'burka' y 'niqab'-- en los edificios y equipamientos municipales, tal y como están aprobando algunos ayuntamientos españoles, ya que "por ahora no hay ninguna razón para ello".

En rueda de prensa, el alcalde manifestó que esta medida "no se encuentra en la agenda del trabajo ni en los asuntos que tengan prioridad para el gobierno municipal porque en este momento no existe ningún motivo que nos haga pensar adoptar una medida de ese tipo".

Barcelona, tal y como anunció el pasado lunes su alcalde, Jordi Hereu, se convertirá en la primera gran ciudad donde se prohibirá el uso del velo integral islámico en las instalaciones municipales —centros cívicos, bibliotecas, mercados y guarderías—, a través de un decreto para regular las condiciones de acceso que firmará próximamente el regidor.

El decreto obligará a modificar las normas de cada centro a través del Pleno para impedir que alguien entre sin que se le pueda identificar claramente, lo que también afectará a quienes pretendan acceder con pasamontañas y casco de moto, unos cambios que podrían ser vigentes tras el verano.

Hereu señaló que el Ayuntamiento adopta esta medida desde una perspectiva "absolutamente preventiva" y la justificó alegando a que el principio de interculturalidad lleva a un principio "básico, necesario y conveniente" según el cual cualquier persona pueda ser identificada al entrar en un equipamiento municipal.

Por su parte, en Andalucía, el Ayuntamiento de Coín (Málaga) será el primero de la Comunidad que prohíba también el velo integral islámico alegando razones de seguridad y de igualdad.

"No se trata de una sanción para cobrar un dinero líquido y ya está, se trata de llevar un ordenamiento dentro del civismo", manifestó la concejala de Igualdad, Inmaculada Agüera, quien especificó que, en caso de incumplimiento de la propuesta, que está a la espera de ser aprobada en Pleno, serían los servicios jurídicos del Consistorio los que decidirían cómo actuar.

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