El consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana, explicó hoy que las nuevas medidas del Gobierno regional para la rehabilitación de viviendas contemplan ayudas para realizar unas 4.000 actuaciones, fundamentalmente destinadas a mejorar la habitabilidad y accesibilidad de los inmuebles y la eficiencia energética.

Quintana señaló que con este "nuevo esfuerzo" se espera que, hasta el 31 de diciembre de 2011, se logre un "repunte considerable" en el sector, ya que existe un presupuesto estimado de inversión de 45 millones de euros, que contarán con 11 millones de ayudas de la Junta y el Ministerio de Vivienda, y se prevé la creación de 4.000 empleos.

Se trata de una de las medias en materia de vivienda, rehabilitación y suelo que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció la pasada semana en el Debate sobre la Orientación de la Política General del Gobierno regional, las cuales explicó hoy el titular de Fomento en rueda de prensa.

José Luis Quintana destacó el aumento del límite de ingresos máximos para la obtención de ayudas a la rehabilitación aislada de edificios y viviendas a 6,5 veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que supone 47.978 euros, lo que posibilita que un mayor número de beneficiarios, ya que con anterioridad los ingresos máximos eran de 4,5 veces el Iprem, algo más de 33.000 euros.

Así mismo, con carácter extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2011 se permite la tenencia de otra vivienda en propiedad, siempre que la rehabilitada sea el domicilio habitual y permanente.

Respecto a las áreas de rehabilitación urbanas e integrales (ARUS y ARIS) se incrementan en cinco puntos las ayudas por vivienda, siendo del 30 y el 25 por ciento respectivamente. Además, de forma extraordinaria hasta el 31 de diciembre del próximo año se elevarían al 35 por ciento para las ARUS y 35 por ciento para las ARIS, siendo de aplicación igualmente las condiciones de los beneficiarios expuestas para la rehabilitación aislada.

Por otro lado, se establecerá una desgravación por rehabilitación en el tramo autonómico del 10 por ciento de los gastos de rehabilitación de viviendas, que se suma al 10 por ciento del Ministerio de Vivienda, explicó Quintana.

Sobre las viviendas de propiedad municipal, el consejero explicó que las ayudas se amplían del 40 por ciento del presupuesto protegido con un límite de 12.000 euros al 60 por ciento con un límite de 15.000 euros, con lo que se pretende "favorecer" esta tipología de viviendas.

En este sentido, avanzó que la Junta mantendrá conversaciones y reuniones "en los próximos días" con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), sindicatos, empresarios y representantes de colegios profesionales para que "puedan aportar su granito de arena" en la aplicación de estas medidas.

Así, explicó, la Junta aportará las ayudas, la gestión y la tramitación de las mismas; los ayuntamientos estimamos que pueden ayudar en la bonificación de las licencias de obras y en la emisión de estas licencias, y los colegios profesionales podrán ayudar en una reducción de los honorarios para rehabilitación de viviendas. Por su parte, empresarios y sindicatos podrán ayudar en la difusión de estas medidas y "apoyo" para su gestión en áreas urbana e integrales.

El titular extremeño de Fomento aseguró que estas medidas permitirán un "impulso extraordinario" en materia de rehabilitación de viviendas y destacó que en 2009 un total de 3.302 familias se beneficiaron de este tipo de ayudas, lo que representa un incremento del 31,45 por ciento. En total, el conjunto de beneficiarios dispuso de 11,9 millones de euros en ayudas para estas actuaciones.

Reconversión de viviendas a protegidas

Otra de las medas que explicó hoy Quintana en su comparecencia consiste en que, en un periodo transitorio de un año, se permite la reconversión de viviendas libres y medias a viviendas protegidas en compra o alquiler hasta una superficie de 120 metros cuadrados, independientemente del número y composición de la unidad familiar.

Hasta el momento, esta reconversión de vivienda se podía realizar para viviendas de hasta 90 metros cuadrados, salvo para familias numerosas y familias con personas con discapacidad, en cuyos casos puede llegar a 120 metros cuadrados. A partir de ahora, se permite la reconversión de viviendas hasta de 120 metros cuadrados, de forma que el precio de venta de estos inmuebles quedará fijado como el precio de una VPO de esos metros en la zona que proceda, dependiendo de la localidad.

Quintana señaló que esta medida responde a una demanda que venían haciendo los promotores. Así, se trata de una opción "cerrada en el tiempo", hasta el 31 de diciembre del próximo año, porque está dirigida "principalmente" al stock de viviendas libres sin vender.

Esto tendrá unos beneficios para el promotor porque, al convertirse la vivienda en VPO, "los compradores de vivienda empiezan a aumentar" ya que la vivienda protegida "nunca va a valer menos", explicó Quintana, para quien "el momento de comprar una vivienda protegida es ahora mismo".

Alquiler y viviendas sociales

Por otra parte, con la entrada en vigor de las nuevas medidas, el Gobierno extremeño llevará la ayuda al alquiler a todos inquilinos, no sólo a jóvenes, a un máximo de cuatro años. En concreto, la Junta de Extremadura concederá esta ayuda con fondos propios hasta dos años adicionales a las dos anualidades que establece el ministerio para esta ayuda, que es del 40 por ciento de la renta con un límite de 3.200 euros anuales.

La otra nueva medida en materia de vivienda es la que afecta al parque de viviendas de promoción pública, que son propiedad de la Junta y que se ponen a disposiciones de la familias más desfavorecidas en régimen de arrendamiento con opción voluntaria de compra una vez transcurridos cinco años desde la firma del contrato de adjudicación.

Quintana destacó que este tipo de viviendas "hace falta principalmente en grandes ciudades", por lo que se pretende construir en "pequeñas" promociones en cascos urbanos, con el "compromiso autonómico de construir estas viviendas en régimen de alquiler y que además, por su ubicación, puedan ayudar a determinadas familias".

También se quiere impulsar la enajenación de este tipo de viviendas, que se podrán adquirir a partir del quinto año, para lo que se descuenta como hasta ahora el precio íntegro pagado por el alquiler y se amplía del 20 al 25 por el precio pendiente de pago en concepto de ayuda a la compra.

Finalmente, para los casos que no ejerzan esta opción de compra y no se trate de familia numerosa, ni dependientes ni desempleados, se podrá llevar a cabo una "revisión" de su situación social, que podrá concluir con la tenencia de la vivienda en favor de otra familia de mayor necesidad en el municipio, la cual pasaría a poder beneficiarse de la ayuda al alquiler.

Medidas que llegan "en un buen momento"

José Luis Quintana señaló que todas estas propuestas "encajan perfectamente" con la política en materia de vivienda que lleva a cabo la Junta "desde hace muchos años" y en la que ha "primado por encima de todo" el interés de los ciudadanos. Además, afirmó que estas medidas llegan "en un buen momento" y están dirigidas a dinamizar el sector, crear puestos de trabajo y movilizar recursos.

El consejero añadió que la crisis del ladrillo "no ha a afectado de igual manera" en Extremadura que en otras comunidades autónomas, si no "todo lo contrario". "En Extremadura hemos sabido anticiparnos a lo que iba a pasar y ya llevamos años frenando la especulación urbanística con una receta infalible que es la construcción de vivienda protegida", apuntó.