Reforma laboral
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Emilio Naranjo/ EFE

Las empresas con pérdidas durante seis meses podrán hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con 20 días de indemnización, de acuerdo con una propuesta de la patronal que al Gobierno le parece bien y quiere negociar con los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.

Habrá que acotar las pérdidas, el tiempo de las mismas y el concepto

La propuesta, de salir adelante, estaría dentro del borrador que el Ejecutivo ha redactado con su propuesta de reforma laboral (PDF), que aprobará por decreto tras el fracaso de las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos.

El texto ya ha sido entregado a los agentes sociales. CC OO y UGT ya han avisado de que habrá huelga general si el Gobierno no lo cambia, pues consideran que lesiona los derechos de los trabajadores.

Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que abordó el documento de reforma laboral, fuentes de Moncloa añadieron que "habrá que acotar las pérdidas, el tiempo de las mismas y el concepto".

No obstante, indicaron que "lo razonable" es que las pérdidas económicas que pueda objetar una empresa para despedir por causas objetivas se atribuyan a las empresas y no a los centros de trabajo, puesto que "no es lo mismo".

Las empresas podrán solicitar 'saltarse' el convenio

Otra de las novedades del borrador es la posibilidad de que las empresas con problemas se salten los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa (por ejemplo, los sectoriales o del ramo) en cuanto al régimen salarial. Los empresarios podrán pedir que no se aplique el régimen salarial previsto (cláusula de inaplicación) cuando "la situación y las perspectivas de la empresa o su estabilidad económica pudiera verse dañada" por aplicar el régimen de salarios convenido.

Si estos convenios colectivos no tienen prevista una cláusula de inaplicación salarial, el empresario y los trabajadores podrán negociar igualmente para llegar a un acuerdo y no aplicar el régimen salarial.

Empresa y trabajadores abrirán un periodo de consultas que no pase de 15 días. Si al final no se pusieran de acuerdo, se podrá recurrir al arbitraje, y será el laudo arbitral el que decida si procede aplicar las nuevas condiciones salariales propuestas por el empresario. Este proceso no podrá exceder de 15 días hábiles.

Fondo de capitalización 'austriaco'

El Gobierno también quiere crear un fondo de capitalización de los trabajadores con contrato indefinido que imite el modelo austríaco y que debería estar operativo para todos los contratos indefinidos que se firmen a partir del 1 de enero de 2012. Tiene de plazo un año para regularlo.

Según el borrador, las aportaciones al fondo, que hará el empresario por cada trabajador, se mantendrá durante toda la vida laboral. El trabajador podrá hacerlo efectivo en los supuestos de despido, movilidad geográfica y el desarrollo de actividades de formación. El texto no detalla aún cuántos días de salario por año trabajado se tendrán que abonar.

Las indemnizaciones por despido que tenga que pagar un empresario excluirán las aportaciones que sobre el trabajador en cuestión haya hecho previamente al fondo. La parte que el trabajador no haga efectiva en el momento de producirse estos supuestos será percibida cuando se jubile.

Contratos de obra de tres años

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó también que en el documento del Gobierno se incluye que los contratos por obra tengan un máximo de dos años ampliable a tres.

También se propone aumentar la indemnización de despido de 8 a 12 días en los contratos temporales

Recordó que en la última negociación con los sindicatos y la patronal, que acabó sin acuerdo, se barajó primero la posibilidad de que el máximo de los contratos de obra fuera de dos años y medio, y después se decidió discutir el límite de tres años.

El Ejecutivo ha optado por esta última posibilidad, al mismo tiempo que apuesta por aumentar la indemnización de despido de 8 a 12 días en los contratos temporales.

Al respecto, fuentes de Moncloa destacaron que la propuesta es que el incremento de estas indemnizaciones se posponga a 2011 y no sea efectiva este año.

"Máxima extensión" al contrato de fomento

Corbacho también explicó que el Gobierno ha optado por aplicar la "máxima extensión posible" del uso del contrato de fomento del empleo, porque dará "certeza al empresario" y "garantías al trabajador".

Para el ministro, la reforma laboral que aprobará el Gobierno en cinco días se basará en dos objetivos: mejorar la flexibilidad laboral y acabar con la dualidad del mercado de trabajo.

Rechazó la tesis de que flexibilidad sea lo mismo que precariedad, y aseguró que supone el paso necesario para "conseguir seguridad y mantener puestos de trabajo".

Reducción de jornada y despidos objetivos

En este sentido confirmó que se implantará el modelo alemán para reducir la jornada laboral entre el 10% y el 70%, porcentaje "suficiente para ajustar por horas la producción de una empresa".

Asimismo, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron que en el nuevo documento no se especifican todas sentencias del Tribunal Supremo, que han creado doctrina, respecto a despidos por causas objetivas, pero sí contempla "algunas de las últimas" con el fin de "tomar definiciones" y "conceptos".

Sobre la disposición del Gobierno a pagar, con cargo al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ocho días del coste total de los despidos objetivos de todos los contratos de fomento del empleo, ya sean procedentes o improcedentes e individuales o colectivos, fuentes gubernamentales destacaron que el documento no propone el pago cuando los despidos son disciplinarios.

Precisamente, sobre el FOGASA las mismas fuentes indicaron que este modelo propuesto "no es el definitivo" sino que estaría activo en torno a un año o un año y medio para posteriormente modificarlo y adoptar el llamado "modelo austríaco".

Apoyo de los partidos

El Ejecutivo ha prometido que la reforma laboral será "sustantiva" y es optimista con la posibilidad de tener el apoyo del principal partido de la oposición, el PP, así como de CiU y el PNV.

A partir del lunes el Gobierno iniciará una ronda con todos los portavoces parlamentarios

La reforma va a aprobar por decreto el 16 de junio y su convalidación en el Congreso se debatirá el día 22. Fuentes del Gobierno admitieron que habrá que esperar a que estos partidos conozcan con detalle la propuesta de reforma que les presente y puedan estudiar la letra pequeña antes de dar su voto favorable.

Desde el Ejecutivo se constata una "actitud favorable" del Partido Popular, y así espera comprobarlo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrá con el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, el próximo martes.

También ven receptivos a CiU y al PNV, partidos que para el Gobierno pueden encontrarse cómodos con la propuesta que les exponga.

El Ejecutivo cuenta ya con que Izquierda Unida no va a apoyarles, aunque llamará "por cortesía" a su diputado, Gaspar Llamazares, para presentarle el documento con los ejes de la reforma.

A partir del lunes el Gobierno iniciará una ronda con todos los portavoces parlamentarios para exponerles las principales líneas de la reforma, cuyo decreto-ley aprobará el 16 de junio en Consejo de Ministros.