Según explicó el letrado, en la vista de medidas cautelares que se celebró hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, solicitó al tribuna la ampliación de la prisión provisional hasta los 10 años —la mitad de la pena que se le impuso en su día, por un delito de incendio— al amparo de lo previsto en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía, por su parte, se opuso a esta petición, alegando que la condena ha sido anulada y solicitó, como medida cautelar, que Jacobo Piñeiro comparezca cada día en los juzgados y que lleve una pulsera de seguimiento para evitar que huya de la acción de la Justicia, en tanto no se celebre un nuevo juicio. Mientras, la defensa del acusado se sumó a las tesis de la Fiscalía, y el abogado del Estado secundó la petición de la acusación particular.

El próximo 13 de julio se cumplen los cuatro años de prisión provisional para Jacobo Piñeiro, que fue condenado, en base a un polémico veredicto, a 20 años de cárcel por un delito de incendio. Las partes recurrieron la sentencia, ya que el jurado consideró que no era culpable de dos delitos de asesinato —pese a que confesó en el juicio haber asestado 57 puñaladas a Julio Anderson Luciano y a Isaac Pérez Triviño—.

El TSXG anuló la sentencia por basarse en un veredicto con una motivación irregular, ya que los jurados aceptaron la versión de Piñeiro de que actuó llevado por un "miedo insuperable", a pesar de que reconoció que había atacado a una de las víctimas incluso cuando ésta estaba encerrada en una habitación y no suponía ninguna amenaza para él.

Después de que el Supremo ratificase esta anulación, la Audiencia Provincial debe ahora iniciar los trámites para reunir a un nuevo jurado y señalar la fecha para la celebración de otro juicio. Ante esta situación, la acusación particular pide medidas cautelares —en unos días el juez deberá pronunciarse al respecto— antes de la excarcelación de Piñeiro, al tiempo que instó a la Audiencia a agilizar los trámites para que pueda ser juzgado de nuevo.