Miles de trabajadores del sector público se manifestaron hoy en las tres capitales vascas, convocados por CC.OO., UGT y CSIF, en una jornada de huelga con la que pretenden dar "un serio aviso" al Gobierno central de que, "si sigue por la línea del ajuste y la imposición", se encontrará "en breve plazo una convocatoria de huelga general". Asimismo, reclamaron al Ejecutivo vasco que "cumpla la ley" pero "no extienda el recorte de derechos".

Los trabajadores se movilizaron este mediodía desde la Gran Vía de Bilbao, la plaza de Correos de Vitoria y desde Anoeta en San Sebastián, bajo el lema 'No al recorte de gasto público. Inposaketarik ez (no a las imposiciones)'.

En la marcha de la capital vizcaína, que realizaron su recorrido pasando por la sede de Gobierno vasco y de la Subdelegación de Gobierno, participaron los líderes de los sindicatos convocantes, que manifestaron su "satisfacción" por la participación lograda en la convocatoria, si bien eludieron entrar "en una guerra de datos" sobre la incidencia de la huelga. No obstante, UGT explicó que la convocatoria está teniendo "una repercusión parecida" a la huelga del pasado 25 de mayo, convocada por los sindicatos nacionalistas, y "varía de unos sectores a otros".

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el secretario general de CC.OO. de Euskadi, Unai Sordo, destacó que "esta huelga no es el final de nada", sino "un paso más" para "decirle a las administraciones públicas que, si piensan seguir por la línea del ajuste y de la imposición" tanto en lo referido a la reforma laboral como a las pensiones o "en cualquier otro tema de ámbito sociolaboral", se encontrarán "con la respuesta más contundente del movimiento sindical".

En esta línea, insistió en que la movilización de hoy constituye "un serio aviso al conjunto de los gobiernos, y especialmente al de Rodríguez Zapatero", de que si se continúa con "la línea del ajuste y de la imposición", tendrá "en un breve plazo encima de la mesa una convocatoria de huelga general en todo el Estado".

Asimismo, subrayó que "no se pueden saltar a la torera los acuerdos pactados" en los ámbitos públicos o privados, en la negociación colectiva. "Esto es un mal camino, que va a llevar a una confrontación generalizada con el movimiento sindical. No es lo que necesita el país", añadió.

De este modo, puntualizó que las organizaciones sindicales están teniendo "una actitud de responsabilidad y de aportación en las mesas de diálogo social abiertas", pero "la toma de medidas de ajuste unilateral por parte del Gobierno acarrearía la convocatoria de una huelga general".

Por su parte, el secretario general de UGT Euskadi, Dámaso Casado, reclamó al Gobierno vasco que, "si lo que tiene que hacer es cumplir la ley del Gobierno y Parlamento central de recorte de salarios de los empleados públicos, que la cumpla la ley -no le queda más remedio-, pero que no extienda ninguna ley para seguir recortando derechos".

"Eso va contra los trabajadores", manifestó Casado, que advirtió de que "recortar ingresos" conlleva "una cotización mucho más baja a la Seguridad Social y una rebaja de los impuestos", lo que "va a afectar al conjunto del bienestar".

División sindical y servicios mínimos

Por otro lado, los responsables de CC.OO. y UGT en Euskadi resaltaron la incidencia que ha tenido en la convocatoria de huelga en el sector público la "división sindical" y los servicios mínimos establecidos.

En este sentido, Sordo señaló que la convocatoria ha estado "marcada por circunstancias que la han hecho compleja" como "la división sindical" o "el propio hecho de que exista un 'zurrumurru' sobre la inminente convocatoria de una huelga general".

En relación a la división sindical, que ha llevado a que se realizaran dos convocatorias de huelga en el sector público en Euskadi, Casado advirtió de que "la gran mayoría de los trabajadores no saben a qué huelga ir", aunque están en contra de los recortes planteados.

Asimismo, indicó que los servicios mínimos establecidos "impiden a montones, a miles, de personas ir a la huelga", como ocurre en el sector de Prisiones, donde "no puede ir ni un sólo trabajador a la huelga", o en Feve, donde "el 71 por cento de los trabajadores están en servicios mínimos".

El dirigente de UGT lamentó "estos abusos que están haciendo las administraciones públicas en la convocatoria de huelgas" y esperó que "en el futuro cambie y se puedan hacer acuerdos de servicios mínimos".