El presidente de OCU, José María Múgica, subrayó que esa decisión "se está tomando en contra de los consumidores", con un bien "de primera necesidad", y confió en que "se imponga el sentido común".

Tras señalar que es una medida "muy difícil de explicar", si se tiene en cuenta que las tarifas eléctricas españolas son de las más caras del entorno, Múgica, destacó que se debe oír la voz de los consumidores domésticos frente a la "voracidad" de las empresas y preguntó al Gobierno con qué argumentos pedirá después moderación a los trabajadores para que los salarios no suban por encima del IPC.

El presidente de CECU, Antonio López, confió en que, antes de que la propuesta se apruebe en el último Consejo de Ministros del año, se rebaje la subida, que, a su juicio, no puede superar el IPC. Para esta organización, el tope máximo de incremento debería situarse en la franja del 3,5 al 4 por ciento y mayores subidas podrían aplicarse a las empresas, pero no a los consumidores.

Por su parte, la presidenta de CEACCU, Isabel Avila, lamentó que "una vez más" se planteen subidas de ese calado en servicios de interés general, "cuando ni la calidad ni el servicio han mejorado".

Con la liberalización del sector, recordó, los consumidores pensaron que aparecerían las ventajas, "pero sólo hemos encontrado subida tras subida". "Parecer mentira que, en un bien de interés general, una vez más los consumidores tengamos que ser los paganinis del resto de los consumos", subrayó.