Los profesores del centro, unos 40, salvo los que se encontraban de servicio mínimo para atender a los alumnos, tomaron parte en la protesta organizada por los sindicatos de enseñanza SATE-STEs, FETE-UGT, FE-CCOO, CSI-CSIF y ANPE para denunciar "la respuesta de estos padres, desmedida y violenta, agrediendo al profesorado verbal y físicamente y amenazando continuamente al mismo".

Las agresiones se produjeron en el inicio escolar, el pasado 14 de septiembre de 2009, pero no ha sido hasta ahora, cuando ya se ha conocido la sentencia judicial, cuando se ha organizado la concentración de protesta, después de que un tribunal haya multado con 200 y 40 euros respectivamente a los dos progenitores, que no tendrán siquiera que pagar al declararse insolventes.

La profesora subraya que ella no quería que los multaran sino que el juez ordenara un orden de alejamiento, algo que no se ha producido, lo que le ha llevado a aguantar todo el curso los insultos diarios a la puerta de colegio por parte de estos dos padres, uno de los cuales le propinó un puñetazo y la zarandeó mientras el otro la agredía verbalmente llamándola "hija de puta".

Los sindicatos de Enseñanza subrayaron que entre todos quieren hacer fuerza y pedir al Ministerio de Educación, en este caso a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, que actúe como acusación particular en estos casos de agresión. También quieren conseguir que todos los profesores que hayan sufrido algún tipo de agresiones realicen las denuncias correspondientes, animando de esa manera a las víctimas a que lleven ante los tribunales a sus agresores.

Los representantes sindicales aseguran que llevan exigiendo desde hace tiempo el reconocimiento legal del docente como autoridad pública, "ya que serviría para poner freno a los problemas de violencia que sufren en las aulas". "Afortunadamente -prosiguieron- ya hay sentencias que consideran que agredir a un profesor es atentar contra un funcionario público. Esto endurece las penas que se les impone a los agresores".

A pesar de todo, admiten que los profesores no denuncian porque "piensan que no va a conseguir nada con la denuncia, desconfían del sistema judicial y del tratamiento que éste le da a su profesión y además, tiene miedo a la reacción de los familiares del alumno".