La directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla se entrevistará mañana con la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, para entregar un escrito en el que se advierte de la vulneración de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, cobra a este gremio por aspectos como la facturación o el transporte y manipulación del género.

El nuevo presidente de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla, Salvador López Florencio, y el abogado del gremio, José Rodríguez Fajó, informaron a Europa Press del viaje de la directiva a Bruselas (Bélgica), al objeto de celebrar una reunión con la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, quien "nos recibirá personalmente".

Los mayoristas de pescado de Mercasevilla, así, entregarán a Erminia Mazzoni un escrito dirigido a la Comisión de Peticiones y en el que se advierte de que la sociedad mixta, y el Ayuntamiento como accionista mayoritario, "violan" cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al mantener el cobro que se aplica a este gremio por aspectos como la facturación o el "arrastre" del género.

Estas cuatro normas, según puntualizó José Rodríguez Fajó, son el principio de libertad de empresa, "totalmente cercenado" en este caso, y los principios de igualdad, no discriminación y de protección de los consumidores, pues el "abusivo" cobro de estos conceptos "intervencionistas" en el comercio de pescado, "repercute finalmente sobre el consumidor". "Hay una violación consciente y premeditada de estos derechos", insistió Rodríguez Fajó, quien recordó que tales gravámenes fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia mediante una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional (AN).EXPECTATIVAS

Así, explicó que si finalmente se admite a trámite el asunto, la Comisión de Peticiones puede formular una recomendación, "instar" a Mercasevilla o al Ayuntamiento e incluso elevar el caso al pleno del Parlamento para que la corporación comunitaria adopte "un posicionamiento" en cuanto al conflicto.

Estos servicios, en concreto, se elevan al 2,025 por ciento en concepto de facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del servicio de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto popularmente conocido como "arrastre". Ambos gravámenes, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional.

Finalmente, el presidente de la asociación de mayoristas de pescado informó de que tras el encuentro celebrado recientemente con el nuevo director general de la sociedad mixta, Juan Carlos Recio, y Juana Martínez en representación del Ayuntamiento como mayor accionista de la compañía, ésta última ha comunicado al colectivo de empresarios que "ahora mismo", la empresa y el Consistorio "no están en disposición de negociar" la anulación de estos servicios a cuenta de "las circunstancias" que atraviesa Mercasevilla.

La sociedad mixta, como se recordará, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, arrastra un pasivo de 9.046.976,95 euros por los costes implicados en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 y está sujeta a la investigación incoada en cuanto a la gestión desplegada en el pasado por Fernando Mellet y Daniel Ponce.

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