El Grupo Parlamentario Socialista, a través del diputado Santiago Pérez, ha anunciado que presentará una batería de iniciativas parlamentarias con el objeto de conocer qué se decía de la Cymodosea Nodosa, conocida popularmente como seba, en la ficha técnica que fue elaborada por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas hace año y medio, y asimismo, para saber quiénes han sido los 17 biólogos que han elaborado el nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias.

En una rueda de prensa, Santiago Pérez exigió al consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, por un lado, que haga público el contenido de dicha ficha técnica para saber qué proponían sobre esta especie los biólogos de la Consejería, a los, según el parlamentario, el responsable autonómico "ha tratado de usar como escudo"; y por otro, que dé sus nombres para saber si "el principal inspirador de este nuevo catálogo es Antonio Machado, biólogo de cabecera del Gobierno y director del Observatorio Medioambiental, y si también están Bonnet y Esquivel, biólogos de tal alto nivel como para que su criterio se imponga al de toda la comunidad científica de Canarias y que permanecen en el anonimato".

El diputado socialista recordó que la ley estatal establece que "toda catalogación, descatalogación o cambio de categoría de una especie o subespecie protegida debe fundarse en documentación científica", y que una Proposición de Ley (PPL), para su tramitación parlamentaria, sólo requiere un texto articulado y una memoria. Por eso, según Santiago Pérez, el Gobierno de Canarias "no tramitó el nuevo catálogo como Proyecto de Ley sino usando como vehículo la PPL, de manera que toda esa exigencia que establece la legislación estatal, que es básica y obligatoria, la ha eludido el Gobierno de CC y PP".

Por lo tanto, el diputado del PSC-PSOE dijo estar ante "un fraude de ley", que en Derecho "consiste en usar un camino que la ley protege para conseguir una finalidad que el ordenamiento jurídico rechaza, que es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, ya que la finalidad legalmente rechazada es la de elaborar un catálogo —que contiene modificaciones del catálogo vigente— sin aportar la documentación científica que lo sustenta, y por eso la comunidad científica se ha negado a participar en un procedimiento que ha estado viciado desde un principio".

De la misma manera, Pérez avanzó que se está estudiando por parte del Gobierno de España y la dirección del Partido Socialista Canario la posibilidad de llevar este catálogo al Tribunal Constitucional (TC), que puede ser una de las distintas formas de reacción que están barajando los socialistas canarios, ya que "las especies protegidas por el catálogo que se acaba de modificar han sido objeto de una respuesta judicial: la suspensión por parte del TSJC de la Orden departamental para descatalogar una población de sebadal a la altura de donde se pretende construir el puerto de Granadilla", de tal manera que los miembros del Gobierno, según el diputado, "van a tener que acabar al pie judicial porque esa suspensión sólo la puede levantar la autoridad judicial que la acordó en el seno de un proceso jurídico".

"Esto ha sucedido sólo en Canarias y sólo ahora para impedir la participación de los ciudadanos y para blindar la decisión que ha tomado el Gobierno de CC y PP porque una ley no pueden recurrirla ni los ciudadanos, ni sus asociaciones representativas, ni la comunidad científica ante los tribunales; sólo se puede recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional por una serie muy restringida de actores", expuso Pérez.

Prescindir de todo

Por otro lado, el diputado de la oposición, tras mostrar el catálogo de especies protegidas de Canarias que ha estado vigente hasta la fecha y leer la exposición de motivos, destacó que en esta normativa "se reforzaba la protección y se tenía en consideración a las instituciones científicas de Canarias y no a lo que el consejero llama ahora supuesta comunidad científica; a organizaciones no gubernamentales especializadas en la conservación de las especies —universidades, sociedades de ornitología, museos, jardines botánicos y otros—; y a los cabildos insulares, porque al final las medidas de protección de los recursos naturales y de la biodiversidad han de ser integrados en los planes insulares, porque cada isla es un ecosistema". "Y de todo esto se ha prescindido ahora", recalcó.

El ex portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sostuvo, además, que en todo gobierno hay una serie de compensaciones internas entre las consejerías, departamentos o ministerios; sin embargo consideró que en el Gobierno de Canarias esto se "ha desbaratado" porque Domingo Berriel "está empeñado en hacer de consejero de Infraestructura y sale a la palestra descaradamente a declarar que el objeto del catálogo es desproteger una población de sebadal para construir el puerto de Granadilla, es decir, el consejero contra el Medio Ambiente".

Por último, criticó que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no haya estado presente en la Cámara Legislativa durante la votación del nuevo catálogo de especies protegidas de la Comunidad Autónoma, y que, además, sea el consejero de Medio Ambienta, "un miembro del Gobierno de la isla Fuerteventura, el que venga a terciar en Tenerife, en una isla en la que a las elecciones no se va a presentar él sino Paulino Rivero, el que hace mutis por el foro y se va a acariciar burros para salir en la prensa", concluyó.