Esos testimonios, recogidos en Ruanda por una juez de instrucción francesa, están en manos de la Fiscalía del Tribunal de las Fuerzas Armadas (TAP), que debe decidir si da luz verde a la apertura de una investigación judicial por "complicidad de genocidio", informó el vespertino Le Monde en su edición del sábado.

Esos testimonios que arrojan graves acusaciones contra militares franceses de la operación Turquesa fueron escuchados y recopilados los pasados 22 y 23 de noviembre por la magistrada Brigitte Raynaud, en Kigali, donde fue expresamente con ese cometido.

Los demandantes, seis supervivientes del genocidio

El pasado 16 de febrero, los seis supervivientes (cinco hombres y una mujer de entre 25 y 39 años) de las matanzas llevadas a cabo por los hutus presentaron ante el TAP una demanda contra X (desconocidos), por "complicidad en genocidio y/o complicidad en crímenes contra la humanidad".

El TAP es el único tribunal habilitado para juzgar a militares franceses por hechos cometidos en el extranjero.

La demanda denuncia la operación Turquesa, en la cual el ejército francés tenía el mandato de Naciones Unidas de formar una zona tampón humanitaria en el suroeste del país africano con 2.500 soldados.

Los denunciantes aseguran que los militares franceses encargados de asegurar la acogida de los tutsis en la "zona humanitaria segura" (ZHS) facilitaban el secuestro de personas de esa etnia por hutus en los mismos campamentos de refugiados.

Asesinatos y violaciones

Algunos mantienen haber visto con sus propios ojos cómo militares franceses mataban a cuchilladas a tutsis en esos campamentos y cómo violaban a jovencitas, y afirman incluso que había un soldado encargado "de asuntos sociales" que venía a escoger chicas para otros franceses.

El objetivo de esta demanda conjunta de seis víctimas del genocidio es "establecer la verdad e identificar a los responsables", subrayaron los letrados de los denunciantes, William Bourdon y Antoine Comte, el día que la depositaron.

París lo niega

El 15 de diciembre de 1998, una misión de investigación parlamentaria había exonerado a Francia del genocidio ruandés, pero había señalado cierta responsabilidad debida a "un error global de estrategia" y "disfunciones institucionales".

París ha desmentido siempre toda implicación en las masacres que causaron, según la ONU, unos 800.000 muertos entre la minoría tutsi y los hutus moderados.