Según el Concordato que el Vaticano mantiene con España, la jerarquía eclesiástica decide si un profesor de religión en una escuela pública continúa o no en su puesto, pero el que paga su sueldo (y sus despidos) es el Estado.

El Gobierno sacará el dinero para pagar estos despidos del Fondo de Contingencia. En total, dedica 11.630.788,85 euros para atender el pago de sentencias firmes a favor de las personas encargadas de la enseñanza de religión en Centros públicos de Educación Primaria.

Según la referencia del Consejo de Ministros, de este dinero se asignan 9.648.300,30 euros para abonar sentencias a los profesores de religión, con las retribuciones que correspondan en el nivel educativo a los profesores interinos o con las consiguientes indemnizaciones.