El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció hoy que el Gobierno regional ejecutará la próxima semana un plan especial para pagar hasta 500 millones de euros a los empresarios de la región con los que la Administración regional tiene deudas pendientes. También adelantó que la Junta va a seguir manteniendo las ayudas complementarias para las pensiones de viudedad más bajas y que se compromete a cumplir los compromisos adquiridos con los empleados públicos siempre que no lo impida la legislación estatal.

El Ejecutivo hizo este anuncio dentro de la reunión de la Mesa del Pacto por Castilla-La Mancha que se reunió durante hora y media en la sede de la Presidencia en Toledo. Este fondo, según indicó Barreda, supondrá una inyección de recursos "importantes" que dinamizará la propia economía.

Preguntado si en el encuentro se ha barajado la posibilidad de reeditar el Plan de Choque por el Empleo, Barreda, que destacó que esta iniciativa ha cumplido un papel importante, aseguró que "estamos en disposición de reeditar una experiencia similar cuando lo estimemos oportuno con los firmantes del Pacto".

Asimismo, señaló que los integrantes del pacto han acordado hacer un nuevo esfuerzo de adecuación de las medidas pactadas a la situación actual, con la finalidad de reorientar el pacto, sus objetivos y la financiación en los meses que quedan de 2010. También, ofreció a los firmantes la elaboración compartida de los Presupuestos Generales de la Junta para 2011.

En relación a los recortes anunciados por el Gobierno central que afectan a los empleados públicos, el presidente regional ha trasladado a los sindicatos que el Gobierno de Castilla-La Mancha "respetando en todo momento la legalidad" va a apurar "todo el margen de actuación que tenga".

En este contexto, Barreda manifestó que durante este año se han asumido compromisos en relación a la función pública de Castilla-La Mancha y explicó que su voluntad es el cumplimiento de todos esos compromisos, de tal manera, que "todos los compromisos asumidos por el Gobierno que se puedan cumplir porque no nos lo impida la legislación estatal, los cumpliremos".

Seguimiento "vigilante y activo"

Además, sentenció que el Gobierno regional va a seguir manteniendo las ayudas complementarias para las pensiones de viudedad más bajas. Barreda también puso de manifiesto que durante estos diez meses ha habido un "seguimiento vigilante y activo" por parte de los firmantes del pacto y destacó que la responsabilidad que demuestran en la región los agentes sociales y económicos genera confianza en los ciudadanos.

Por ello, dijo que la sociedad de Castilla-La Mancha puede estar "tranquila y segura" sabiendo que sus dirigentes políticos, empresariales y sindicales "son responsables" y se corresposabilizan con los intereses generales de la región. También, hizo un balance positivo de la ejecución del pacto cumpliéndose todas sus previsiones, incluso, superándose la financiación prevista.

Por su parte, el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, pidió que el Pacto por Castilla-La Mancha sea el "pacto de las personas", al tiempo que admitió que el "pacto funciona muy bien, pero el pacto no es ciego, y nosotros no podemos mirar para otro lado cuando los problemas son tan graves". Según indicó, el escenario de hoy no tiene "nada de ver" con el de hace un año, cuando se rubricó el Pacto.

CCOO considera que lo primero son las personas y después mantener el tejido productivo y las empresas de Castilla-La Mancha. "Nos importa mucho que en Castilla-La Mancha las empresas sean sólidas. Es la única manera de mantener el empleo y de crecer", apuntó Gil, quien vio necesario convenir con el Gobierno y la Patronal medidas concretas "que vayan en esa dirección".

También tuvo palabras de reproche a las medidas anunciadas por el Gobierno central, esperando que el Ejecutivo de España sea "sensible y sensato" y retire las medidas que ha planteado, de tal manera, que no haga falta que el Gobierno de Castilla-La Mancha ni los ayuntamientos de la región tengan que hacer esfuerzos para ver cómo minimizan los efectos de una "medida tremendamente injusta".

El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, comenzó su intervención haciendo una lectura positiva de los resultados del Pacto por Castilla-La Mancha, sobre todo en materia económica, y resaltando los efectos positivos que ha tenido en las personas de la comunidad autónoma.

Así, en nombre de UGT lamentó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya entrado en un "cambio de ruta, en una deriva" que en opinión de Pedrosa arroja "mayores incertidumbres y mayores problemas" a la situación económica y la paz social en el conjunto del país.

Salvaguardar tejido productivo

Pedrosa agregó que hay que ser capaces de poner en marcha medidas dentro del Pacto que supondrá reorientar algunos aspectos de los Presupuestos de 2010. También, consideró que hay que ser capaces de "seguir caminando juntos" dentro del Pacto con medidas que salvaguarden el tejido productivo y, por lo tanto, se tenga como prioridad el mantenimiento y la creación de empleo.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, que expresó que los empresarios tenían claro que el Pacto no era un "bálsamo milagroso", aseguró que sí sabían que se trabajaba mejor desde el Pacto que desde fuera. Así, afirmó que gracias al Pacto se ha conseguido que la Administración pague la deuda pendiente con las empresas.

A continuación, Nicolás reconoció que algunas medidas de tipo estructural han sufrido cierto retraso, pero "no quiere decir que no se puedan poner en marcha". Los empresarios, aseveró, ven necesario mantener el nivel de inversiones en economía productiva, creen que "lo razonable" es que a las empresas les vaya bien para que puedan contratar, y dejó claro que CECAM no va a salirse fuera del Pacto.

Para concluir, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, en nombre de las diputaciones y los ayuntamientos de la región, puso de relieve las situaciones complicadas que están atravesando los ayuntamientos de la región y cómo las diputaciones provinciales tienen que anticipar recursos a los consistorios.