Madrona, que entonces era jefe de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), defendió que la medida se pidió tras un trabajo previo. En este sentido, el jefe del Grupo de esta sección que se encargó inicialmente de la investigación corroboró que se realizaron vigilancias previamente a solicitar las escuchas, que han sido cuestionadas por las defensas.

El ex jefe de la Sección de Blanqueo declaró hoy como testigo en el juicio, que seguirá el lunes, y explicó que inicialmente la Policía recibió dos comisiones rogatorias, una de Francia y otra de Rusia, que se comienzan a investigar y a partir de las que "surgen personas físicas y sociedades", que llevan hasta el despacho del principal acusado, Fernando del Valle.

A partir de ahí, dijo, se investigó "la concentración en un domicilio social y en dos personas, una de ellas de una forma masiva, de la titularidad de cientos de sociedades" de este despacho marbellí, y apuntó que se vio "claramente" que estas personas "no podían ser" las dueñas de las participaciones sociales de todas las empresas constituidas.

"Tenía que haber alguien detrás", dijo el investigador policial, quien consideró que la zona donde está ubicado el bufete presenta "bastante dificultad" para las vigilancias y los seguimientos, "aunque los hicimos", y defendió que se siguieron los protocolos establecidos por la Dirección General de la Policía para este tipo de investigaciones.

Así, explicó que tras recurrir a la "inteligencia policial" para determinar si los investigados tenían antecedentes penales en sus países de origen y conocer quiénes trabajaban en el despacho, se hizo una propuesta de actuación, informe que se llevó a los juzgados, en el que se proponían las intervenciones telefónicas y la investigación económico-patrimonial.

A preguntas del ministerio fiscal, el testigo indicó que no conocía al juez instructor, Miguel Ángel Torres, hasta ese momento. Cuestionado por una de las defensas precisó que se entrevistaron con el decano de los juzgados de Marbella, que les dijo el juzgado que había correspondido, el Instrucción número 5, que estaba en funciones de guardia esa semana.

"Tratábamos de evitar que el informe policial circulara por todo el juzgado y entregarlo en mano al juez que le correspondiese", apostilló Madrona, quien apuntó que durante toda la instrucción se mantuvo informado "puntualmente" al instructor, quien, dijo, estuvo presente en el registro.

A este respecto, explicó, a preguntas del presidente del Tribunal, que se quisieron hacer "simultáneamente" las detenciones y registros, de forma que él y otros agentes detuvieron a Del Valle, mientras que los distintos despachos y domicilios estaban asegurados por policías de paisano y el instructor y el fiscal esperaban en la zona hasta el momento de explotar la operación.

El actual comisario de Marbella señaló que se decidió utilizar el sistema de bridas, que aplican "los grupos de lucha antiterrorista", para almacenar los documentos intervenidos en el despacho, ante "el gran volumen de documentación que intuíamos íbamos a intervenir" y con el objetivo de "garantizar la cadena de custodia", algo que fue cuestionado por las defensas.

Sí admitió, a preguntas de la defensa de Del Valle, que "no toda la documentación en papel se pudo bridar, porque materialmente el tiempo lo impidió", por lo que alguna se metió en cajas precintadas. Además, defendió que los responsables policiales, dirigidos por el juez, iban decidiendo los documentos a intervenir y que el entonces decano del Colegio de Abogados estuvo en las inmediaciones del despacho.DESPACHO

Explicó que a través de Interpol se determina que las sociedades extranjeras usadas para constituir las españolas "tenían la mayoría un mismo domicilio", sobre lo que se hicieron comprobaciones con las autoridades americanas. Añadió que en la web de DVA se hablaba del anonimato y el no figurar como titular como "especialidad".

A preguntas de una defensa, Madrona indicó que en ese momento no comprobaron de forma expresa si otros despachos ofrecían este mismo producto de sociedades en el estado de Delaware, aunque indicó que no vio las mismas frases en las páginas de otros despachos.

Aunque señaló que no se determinó el total de clientes del bufete, apuntó que la gestión de sociedades patrimoniales era "una de las principales actividades del despacho" y reiteró que se realizó un análisis policial al conocerse que "una persona administra casi 300 sociedades, además, una persona con unas circunstancias determinadas de cualificación".

Añadió que existía "una desproporción abismal" entre el número de sociedades administradas por la empleada Estela H., acusada en esta causa y, según el fiscal, responsable de una mínima participación de la sociedad española, y sus ingresos declarados, concluyendo que era "persona de confianza" del letrado.

El otro responsable policial que declaró indicó que les llamó la atención el número de sociedades a nombre de la empleada acusada y significó que con fuentes abiertas, como son registros públicos, "no se podía obtener la persona que estaba detrás". Agregó que fueron investigadas "prácticamente la totalidad" de las sociedades creadas por Del Valle o dicha empleada.

Primer bloque

Respecto al primer bloque del juicio, que afecta a Del Valle, a dos empleadas del despacho y otras tres personas, entre ellas el acusado Sophiane H., uno de los clientes supuestamente "vinculado con actividades delictivas graves", según el fiscal, que habría utilizado el bufete, el testigo manifestó que no realizó directamente la investigación.

No obstante, Madrona señaló que este procesado "era cliente del despacho". En este mismo sentido se expresó el jefe del Grupo de Blanqueo, quien indicó que para la Policía este extremo estaba "acreditado", aunque reconoció que no existen seguimientos al respecto.

Madrona indicó que a través de la comisión rogatoria, Francia, con cuyas autoridades hubo reuniones para coordinar investigaciones, se interesaba sobre el patrimonio o sociedades de titularidad de la familia política de Sophiane H., que supuestamente estarían siendo utilizados por este acusado, quien "era un conocido por las autoridades judiciales y policiales españolas".