A Sinnamon, la empresa organizadora del Summercase, que se celebró en Boadilla del Monte los veranos de 2006, 2007 y 2008, le salió muy rentable llevar el festival de música a este municipio. En esos tres años, Sinnamon no tuvo que pagar ni un euro por los 70.000 m2 que el Ayuntamiento le cedió en el barrio de Viñas Viejas.
Un negocio muy rentable, ya que en ese periodo acudieron 244.000 espectadores, que dejaron en las arcas del festival unos 23 millones de euros (si se toma como referencia el precio medio de la entrada).
El festival llegó a Boadilla de la mano de la empresa Free Handicap, cuya directora general era esos años Elena Sánchez Álvarez, entonces esposa del ex ministro Juan Costa, amigo de Arturo Panero, ex alcalde de Boadilla e imputado en la trama Gürtel.
En el convenio que firmaron Panero y Sinnamon, Boadilla cedió sin ningún tipo de contraprestación económica los 70.000 m2 donde se celebró el festival. La oposición va a denunciar este acuerdo y lo llevará al Tribunal de Cuentas. "Los convenios firmados con una empresa privada no están por encima de la ley, de las ordenanzas fiscales", señala Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla.
Y es que el artículo 6 de la ordenanza fiscal establece una tasa de 5,25 euros por m2 por poner instalaciones en terrenos públicos. Esas tasas ascienden a 1,1 millones, que el Ayuntamiento ni ha cobrado ni piensa cobrar. El actual Gobierno municipal sólo ha rescindido el convenio. "Panero dio a dedo y gratis 70.000 m2 públicos para que los gestionara una empresa amiga. El festival es ilegal", explica Galindo.
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