Esta decisión del juez ha provocado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, que finalmente no se tomara hoy declaración a los funcionarios del Ayuntamiento de Castro Urdiales que habían sido citados como imputados por su actuación en la tramitación de esta urbanización que se finalizó sin tener el abastecimiento de agua e invadiendo viales públicos.

En concreto, se trataba del ex secretario municipal, César Saiz; la ingeniera municipal María del Carmen V. y la funcionaria del departamento de Urbanismo Yolanda S., a quienes las acusaciones particulares y varios testigos han señalado como responsables en distintas fases de este proceso.

Cuando comparecieron hoy ante el juzgado para declarar, el juez les comunicó que había dictado una providencia en la que optaba por renunciar a continuar con el procedimiento hasta que la Audiencia Provincial decide si le recusa o no.

En principio, debería sustituirle otro juez de instrucción de este partido judicial, pero se daba la circunstancia de que estaba de permiso, así que de momento se suspende la investigación sin que se haya fijado fecha para reiniciarla.

El alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista Fernando Muguruza, considera que el juez Luis Acayro Sánchez muestra "enemistad manifiesta" hacia él y que incluso ha llegado a convertirse en denunciante en este causa al dar instrucciones a un Guardia Civil para que instruyera atestados.

Es por estos motivos por los que planteó una recusación que su abogado, Luis Revenga, no quiso llevar adelante, y que ya ha presentado ante el Juzgado su nuevo letrado sólo para el caso La Loma, Iñaki Irizar. Tras darse traslado a las partes, será la Audiencia Provincial de Cantabria la que decida si recusa o no a Acayro y le aparta de esta instrucción.

En cuanto a las declaraciones de hoy, afectaban al ex secretario municipal, César Saiz; la ingeniera municipal María del Carmen V. y la funcionaria del departamento de Urbanismo Yolanda S., citados como imputados.

Distintos testigos y las acusaciones particular y popular les consideraban responsables de diversos trámites e informes que permitieron la construcción de este urbanización de viviendas que carecían de servicios como el abastecimiento de agua y que invadían viales públicos.

Así, a César Saiz se le ha achacado la emisión de informes jurídicos que certificaban la legalidad de las obras y a la ingeniera la firma de documentos técnicos que permitieron aprobar informes técnicos para esta urbanización castreña.

En cuanto a la funcionaria Yolanda S., uno de los constructores de 'La Loma' que ha declarado en el marco de instrucción aseguró que esta le pidió dinero para la realización de unos trámites urbanísticos, lo que provocó su citación como imputada.

La suspensión de la toma de declaraciones afecta a las que estaban previstas para mañana, cuando estaban citados como imputados el edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez López 'Kaika', suspendido temporalmente del PP tras ser acusado por la Fiscalía; Salvador Hierro, de Izquierda Unida; y Jaime Díez Muro, ex concejal de Industria y expulsado del PRC.

También estaban convocados, en este caso en calidad de testigos, dos funcionarios municipales, uno de ellos el interventor municipal.

Caso la loma

Su citación se produce en el marco de la investigación judicial sobre la urbanización en La Loma de Santullán, ante la existencia de presuntas irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos contra la ordenación del territorio.

Entre ellas se encuentra la construcción de los chalés en zonas de servidumbre, invadiendo viales, la edificación de más viviendas que las permitidas, mientras que otras se dejaron sin finalizar o careciendo del servicio de agua, y otras se emplazaron en lugares cuya zona de expansión era un talud.

La instrucción de este caso fue la que llevó a prisión el pasado mes de febrero al alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista Fernando Muguruza, ante el temor del juez a que destruyera documentación y hubiera sido ejerciendo las competencias de urbanismo que en el marco de esta misma causa le habían sido retiradas. El ingreso en el penal de El Dueso fue luego revocado por la Audiencia Provincial de Cantabria.