El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, defendió hoy la buena aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad, donde aseguró que el número de solicitudes, que asciende a 69.433, suponen el 83 por ciento de la población dependiente estimada cuando la efectividad de la norma sólo alcanza dos de los tres grados previstos.

Antón, que hoy compareció en la Comisión de Familia de las Cortes a petición del Grupo Socialista, hizo un balance de la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor en 2007 en el que destacó los retrasos a la hora de desarrollar la normativa por parte del Ejecutivo central que la Comunidad ha intentado mitigar para poner en macha estos nuevos derechos de la dependencia.

El consejero, que hizo un repaso por las decisiones tomadas para suplir la normativa estatal, recordó que la Junta logró reducir los trámites para presentar la solicitud que ahora se han visto mejoradas con un nuevo modelo de solicitud y un sistema que ayude a los solicitantes a cumplimentarla mediante teléfono y un modelo guiado por Internet.

En esta línea, el titular de Familia e Igualdad de Oportunidades afirmó que en Castilla y León se ha dado una repuesta ágil a las necesidades que se han producido, con un desarrollo normativo rápido y eficaz que ha supuesto mejoras y recortes de plazos, pero además añadió que se han puesto en marcha nuevos instrumentos y adaptado los recursos existentes para la puesta en marcha de la Ley.

César Antón señaló algunos de los datos "indicativos" de la gestión de la Comunidad, donde hasta el momento se han recibido 69.433 solicitudes, un 2,71 por ciento de la población de Castilla y León, por encima de la media, pero que además supone el 83 por ciento de la población potencialmente dependiente en la región, estimada en 84.000 personas.

Aumento de peticiones

El consejero, con datos a fecha 1 de abril, explicó que las solicitudes mensuales han pasado de las 2.500 del año anterior a las 2.800 en el primer cuatrimestre de este año y concretó que hasta el momento se han resuelto 62.891 resoluciones de reconocimiento de dependencia o dictámenes, que suponen el 90,58 por ciento de las solicitudes, por lo que las personas que se benefician de prestaciones alcanzan el 74,01 por ciento de los dictámenes mientras que la media nacional está en el 69,79 por ciento.

A este respecto, incidió en que en Castilla y León el 47,97 por ciento de los dictámenes se refieren a personas que son grandes dependientes, lo que conllevan prestaciones con un coste "muy superior" al de otros grados.

En cuanto a las prestaciones reconocidas, en la Comunidad se elevan a 43.935 para 39.846 personas, ya que un solo dependiente puede recibir más de una prestación. Así, en Castilla y León el 85,6 por ciento de las personas con derecho a prestación ya las recibe, 17 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en 68,58, según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) citado por Antón.

De esta forma, según el consejero, Castilla y León se sitúa a la cabeza en la concesión de servicios prestaciones a personas que tienen derecho a ello, situación "que viene produciéndose de forma reiterada en los últimos meses".

En la misma línea, aseguró que la Comunidad es la segunda en la concesión de prestaciones a través de servicios, que suponen el 59,16 por ciento del total, ocho puntos por encima de la media nacional (50,87).

Empleo y calidad.

Antón, quien insistió en que la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León es "ágil, en constante mejora y sobre todo de gran calidad", aprovechó la comparecencia para pedir una "reflexión" sobre el empleo, apartado en el que considera que no se están cumpliendo las expectativas con un 62 por ciento de los cuidadores profesionales sin darse de alta en la Seguridad Social.

También pidió que se reflexione sobre la calidad de la aplicación de la ley, ya que establecía como prestación excepcional los cuidados en el entorno familiar, algo que aunque considera que se puede hacer con "cariño" de la familia pero en algunos casos ésta no tenga los instrumentos necesarios para una atención adecuada las 24 horas.

Frente a las explicaciones del consejero, el procurador socialista Fernando Rodero afirmó que algunos de los datos aportados "son ciertos", otros estuvieron "ausentes" y otros son "falsos", de manera que se pueden sacar "muchas conclusiones interesadas".

Rodero criticó por ejemplo que la Junta, ante la inactividad de 2007, se "parapete" en la falta de normativa estatal cuando en la Comunidad no se tramitó "ni un solo expediente" y la mayoría de las Comunidades sumaron miles de ellos. En este sentido, recordó que la tramitación de la dependencia es una cuestión de la que es responsable la Consejería y no el Estado, al tiempo que recordó que unas 5.000 personas han fallecido durante el proceso de tramitación de su expediente.

"Todavía desgraciadamente hay personas que llevan dos años esperando una prestación a la que tienen derecho", dijo el procurador socialista, quien aportó diferentes datos en los que contradijo los que esgrimió el consejero.

Interés en la lectura.

Rodero aseguró que Castilla y León no está por encima de la media en todos los aspectos que dice la Junta y añadió que en el caso de los mayores de 64 años la situación es peor, por lo que insistió en que muchos de los datos son "falsos" o interesados.

Por otra parte, criticó la falta de "convergencia" en la aplicación de la Ley con diferencias entre provincias como en el caso de la ayuda a domicilio, donde entre Salamanca y Palencia, por ejemplo, la diferencia de atención en residencia es de 116 personas en el primer caso frente a 252 en la segunda, cuando son provincias con una población "similar". "¿Tienen más derecho los palentinos?", se preguntó.

A este respecto, añadió que esas "grandes diferencias" se deben al trabajo de la Consejería, que "no logra equidad" en la prestación de servicios.

Por su parte, la procuradora del PP Ángeles Armisén lamentó que el debate se centre en el intercambio de datos para intentar la confusión y que el PSOE intente además extrapolar las cifras a la población mayor de 64 años.

Además de ensalzar la labor de la Junta, la procuradora abogó por debatir sobre el empleo relacionado con la Ley de Dependencia, ya que no se ha generado el nivel esperado, así como la calidad de la atención.