El informe, presentado ayer, plantea que el Estado asuma la deuda histórica del ente (más de 6.000 millones de euros en 2003, un billón de pesetas) y mantiene los dos canales. Tras recibirlo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, anunció que un grupo de trabajo transformará este texto en un borrador de anteproyecto de ley.

las calves

Contenidos: Información, cultura, educación y entretenimiento, respetando el pluralismo. Impulsar especialmente la producción propia de programas.

Publicidad: Reducir gradualmente el tiempo de emisión publicitaria. Plantea para la Primera pasar de 12 minutos cada hora a 9 en cuatro años, y, para La 2, el abandono progresivo, sustituyéndola por patrocinio de instituciones.

Consejo Audiovisual: Creación inmediata de un organismo regulador independiente, elegido para 6 años por 2/3 del Congreso, con capacidad de sanción y responsable de ejecutar el gasto.

Ingresos: Que entre el 10 y el 15% de los ingresos provengan de la venta de programas y productos, un 40% de la publicidad y del 45 al 50% de subvención estatal.

Canon: El informe precisa que si el Gobierno no puede, en algún momento, dedicar recursos económicos suficientes debería contemplar el «establecimiento de un canon específico» que por «cualquier vía segura de recaudación permitiera complementar la financiación de la radiotelevisión pública».

Gestión: Un director general elegido, previa convocatoria pública, por el consejo de administración. Éste lo formarían 8 miembros: cuatro elegidos por el Parlamento, dos por el Consejo Audiovisual, y los otros dos por sindicatos mayoritarios.

Voto discrepante

El pte. de la Asoc. de la Prensa de Madrid, Fernando G. Urbaneja (uno de los sabios, con E. Lledó, F. Savater, E. Bustamante y V. Camps) discrepó de un informe «poco riguroso»:  «el problema es el déficit de explotación, que causa deuda creciente. Hace falta un plan generoso de bajas incentivadas».