El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura registró este jueves una propuesta de pronunciamiento sobre la Compañía española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) en la que pide a la Sociedad Estatal de Participaciones (Sepi) que no plantee ningún reajuste del personal sin el consenso de sus trabajadores.

La propuesta también insta a la Sepi a que busque una alternativa industrial en la localidad de Coria (Cáceres), a través de sus empresas públicas y participadas, para que "al menos" palie la posible destrucción de empleo, tanto fijo como fijo discontinuo, y garantice la estabilidad en el empleo, según explicaron en rueda de prensa los diputados regionales socialistas Francisco Torres y Juan Manuel Hernández.

Este último señaló además que la propuesta solicita que la negociación futura del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado tenga el "mínimo coste social", así como que la Sepi ponga sobre le mesa de negociación una alternativa industrial como "elemento necesario" para el acuerdo.

Iniciativa política

La propuesta, firmada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ignacio Sánchez Amor, para su aprobación en pleno destaca la "importancia" que tiene la empresa en la región, así como que la presentación de un ERE de ejecución inmediata "puede afectar a un centenar de trabajadores", todos ellos radicados en la Comunidad Autónoma.

"Se trata de tomar la iniciativa política" desde la Asamblea y "decirle a la Sepi que las medidas anunciadas" representan un "ajuste injusto", destacó Hernández. También aboga por "adoptar otras medidas paliativas de la situación de los ajustes que pueden ser menos dañinas y dolorosas" para la zona regable del Alagón".

Según recoge la propuesta de pronunciamiento registrada por el grupo socialista, Cetarsa "es de vital importancia" para el mantenimiento el sostenimiento del sector tabaquero en la región, al tiempo que "valora el enorme esfuerzo" realizado por las administraciones, tanto europea, nacional como autonómica, a través de la aprobación de un plan específico dotado con 190 millones de euros.

Dicho plan, añade, "permite afrontar con esperanza el mantenimiento del sector tabaquero", y de empresa de transformación tabaquera, "más allá de 2013" tras la finalización de la OCM del tabaco.

Expediente de regulación "diferente" al planteado en 2002

En su intervención, Hernández señaló que los sindicatos contarán con la "participación" del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para alcanzar "otras medidas" en el futuro de la empresa pública, "fruto del diálogo y la negociación".

No obstante, aclaró, en 2002 hubo una "clara" oposición por parte de la Junta de Extremadura al ERE planteado por el gobierno central, al frente del ex presidente, José María Aznar, porque tenía la "intención de privatizar las instalaciones" y realizar un "ERE brutal de más de 400 trabajadores". Se trata, dijo, de "una situación diferente a la actual"

"Estando completamente en contra de las medidas anunciadas por Cetarsa, queremos dejar muy claro la diferencia existente entre 2002 y 2010, debido a que aquello era una operación de recorte para privatizar, lo que hubiera significado que a día de hoy no habría habido alternativas al cultivo de tabaco", recalcó Hernández.

Posición "carroñera" del pp

Por su parte, el diputado socialista Francisco Torres hizo referencia a la supuesta posición "carroñera" mostrada por el PP, y por el presidente de los 'populares' extremeños, José Antonio Monago, en este asunto. En su opinión, Monago "tiene que aclarar su propia situación de apoyo al sector tabaquero", porque "no puede decir que una cuestión puramente empresarial de Cetarsa pueda ser consecuencia de la mala negociación de la OCM".

"El Partido Popular, planteó la privatización de Cetarsa y fue el gobierno extremeño el que se opuso", según Torres, quien añadió que en dicho proceso Monago "era dirigente" del PP y "no" se mostró contrario al ERE planteado.

"No podemos perder la memoria histórica", debido a que el PP "está pretendiendo confundir lo que ha sido un esfuerzo del sector tabaquero y las administraciones", sentenció el diputado socialista.

Los trabajadores habían sido "maltratados" con anterioridad

Por otro lado, Hernández declaró, a preguntas de los periodistas, que los trabajadores viven una preocupación "inminente", aunque el colectivo de fijos discontinuos había sido "maltratado" con anterioridad.

Al respecto, explicó que estos trabajadores "venían trabajando un periodo de tres meses al año, lo que no les permitía vivir y no tenían derecho a las prestaciones por desempleo". "Los trabajadores ya estaban preocupados, porque la situación no les permitía vivir con dignidad" de un trabajo que han realizado durante 30 años.