En la tercera sesión de la vista que se celebra en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, los concejales, que se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados, apuntaron además que se aprobó dar licencia "condicionada" a las observaciones que había contemplado el arquitecto técnico municipal en un informe realizado diez días a la reunión de la Junta de Gobierno Local, que se celebró el 30 de septiembre de 2005.

Todos señalaron además que Morales Cara —también imputado— no tenía un "interés" especial por que la licencia saliera adelante "por encima de todo" y aseguraron que no recibieron "presiones" ni por su parte, ni por parte del entonces concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, que, como el primer edil, está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.(((

Habrá ampliación)))