Investigan un contrato dado por la mujer de un imputado en la trama del 'caso Gürtel'

  • La concejala de Mujer, Empleo y Comercio del PP de Boadilla aprobó la concesión de un Centro de Empresas a la oferta más cara.
  • Rosalía de Padura está casada con un hombre de Francisco Correa.
  • La adjudicación fue firmada por el ex alcalde, Arturo Panero.
Rosalía de Padura, concejala de Mujer, Empleo y Comercio de Boadilla.
Rosalía de Padura, concejala de Mujer, Empleo y Comercio de Boadilla.
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Adjudicado a la oferta más cara para las arcas del Consistorio. El sumario del 'caso Gürtel' revela que el juez ha puesto sus ojos sobre un contrato sospechoso, otro más, que el Ayuntamiento de Boadilla (PP), uno de los epicentros de la trama de corrupción, otorgó en mayo de 2008 a una firma, UPO-KSA, para que gestionara el Centro de Empresas Municipal, un edificio con 42 locales que sirven de oficina a las compañías que soliciten una plaza.

La adjudicación fue firmada por el ex alcalde, Arturo Panero; y la actual concejala de Mujer, Empleo y Comercio, Rosalía de Padura, esposa de otro de los imputados, Tomás Martín Morales, ex director general del Consistorio. El juez solicitó al actual alcalde, Juan Siguero, que también firmó esa adjudicación, toda la documentación sobre ese contrato.

No cuadra mucho, según fuentes jurídicas, que el contrato se lo llevará la empresa que realizó la oferta más cara, y que el informe que valoraba las ofertas presentadas las hiciera un cargo de confianza del ex alcalde Panero, cuando lo normal es que lo haga un técnico municipal.

40 locales ocupados

El Centro de Empresas lleva casi dos años funcionando. El Ayuntamiento, en lugar de gestionarlo, decidió abrir un concurso para que una empresa externa llevara la dirección del mismo. De los 42 despachos, a día de hoy hay 40 ocupados.

La adjudicataria se lleva el alquiler que pagan las empresas que allí se alojan, descontando un canon anual que se abona al Ayuntamiento por esa concesión. Mientras que una empresa ofreció pagar al Consistorio un canon del 46 y otra del 20% de los alquileres, la empresa ganadora, UPO-KSA, sólo ofertó el 18%, lo que ha supuesto un perjuicio económico para las arcas de Boadilla de 850.000 euros en los 12 años que va a durar la concesión.

UPO-KSA fue además la empresa que menos empleados ofertó para gestionar el centro, sólo cuatro. Aún así se llevó la concesión porque iba a dotar al centro de ciertos servicios, como una web, una cafetería, una lavandería, guardería y farmacia.

20 minutos ha podido constatar que a día de hoy, dos años después, ninguno de esos servicios están operativos. "Esta adjudicación presenta muchos rasgos comunes con el resto de contratos investigados en el sumario del Gürtel: ha causado un grave perjuicio económico al Ayuntamiento, la adjudicación se produce gracias a un informe de un cargo de confianza y la empresa adjudicataria incumple el contrato sin que el Ayuntamiento le sancione o rescinda el contrato", señala Pablo Nieto, portavoz municipal del PSOE.

Posibles sanciones

La edil Rosalía de Padura asegura a este diario que "los técnicos del Consistorio ya han elaborado un informe sobre los incumplimientos de la adjudicataria y que si procede se la sancionará". La concejala no recuerda los pormenores de este contrato, pero afirma que "seguro que se concedió a la mejor oferta".

De momento, el juez estudia la documentación en su poder. No sólo de esta adjudicación, sino de varias más. Un informe de los peritos judiciales, y que está recogido en el sumario, critica la actitud del Ayuntamiento y le acusa de obstrucción a la Justicia.

"Los expedientes que nos ha facilitado el Ayuntamiento están incompletos. Teniendo en cuenta el carácter de la misma y su reiteración inducen a considerar que no es que el expediente archivado este incompleto sino que de forma expresa e intencionada no se han remitido", señalan los peritos. "Todo hace sospechar que pudo haber comisiones en esta adjudicación. Pedimos la dimisión del alcalde y de la edil De Padura", concluye Nieto.

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