Esta cantidad se destinará a acciones coordinadas frente a los problemas de salud prioritarios. Así, según se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de febrero, se financiarán programas de salud que garanticen su contribución a la reducción de desigualdades sociales en salud; acciones orientadas a enfermedades específicas, que se integren en las estructuras y servicios existentes para garantizar los mejores resultados, y que sean sostenibles y programas que fomenten la creación de empleo, particularmente en áreas y personas en desventaja.

Cada comunidad autónoma deberá destinar, como mínimo, el 20 por ciento de los fondos transferidos a la creación de nuevos puestos de trabajo cuya finalidad sea la de ejecutar estos programas. Además, estos programas deberán contribuir a la cohesión y cooperación en materia de salud pública y se orientan a la prestación de servicios sanitarios a todas las personas, sobre todo a los grupos más vulnerables. Asimismo, se fijarán en las áreas con inferior nivel socioeconómico y se tendrá en cuenta la perspectiva de género.

De estos dos millones de euros, Adalucía percibirá 384.883; Aragón, 71.434; Asturias, 59.712; Baleares, 60.196; Canarias, 105.607; Cantabria, 37.364; Castilla-La Mancha, 104.586; Castilla y León, 126.310; Cataluña, 347.603; Comunidad Valenciana, 240.345; Extremadura, Extremadura, 60.484; Galicia, 136.788; La Rioja, 25.311; Madrid, 298.564; Murcia; 75.987; Ceuta; 14.362, y Melilla, 14.127.