La directora xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde, Esperanza Fernández Lago, rechazó "adoptar otras medidas" aparte de las investigaciones abiertas por las supuestas irregularidades en el procedimiento selectivo para acceder a la Administración sanitaria "sin pruebas objetivas", aunque aseguró que no le "temblará la mano" para asumir responsabilidades, "si apareciesen".

A petición propia, la alto cargo de la Xunta compareció hoy en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, reivindicó que, pese a que no había ninguna prueba objetiva, el Sergas realizó una investigación interna, en la que se concluye que se "cumplió la cadena de custodia, el procedimiento y no hubo ninguna irregularidad".

Además, subrayó que, en aras de la "transparencia", Sanidade encargó una investigación a la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia. "Aún sin existir pruebas, encargamos una investigación, ahora hay que esperar", subrayó Esperanza Fernández Lago.

Sin embargo, los grupos de la oposición —PSdeG y BNG— insistieron en que es una "grandísima casualidad" que supone que tres opositores "relacionados directamente" con los funcionarios del servicio encargado de desarrollar este procedimiento hubiesen alcanzado los "primeros puestos" en sus exámenes y reclamaron una "investigación formal" y que "se depuren las responsabilidades políticas".

"Hicimos más de lo que se hizo nunca ante un rumor de filtración", aseveró la directora xeral, quien consideró que la oposición "debe entender" que el Sergas "siga demandando la existencia de una prueba objetiva para adoptar otro tipo de medidas".

"irresponsabilidad suprema"

En este sentido, calificó de "irresponsabilidad suprema" que se "genere esa inquietud" entre los opositores "sin tener ningún fundamento". "No se aportó ninguna prueba que avale su afirmación", espetó al socialista José Manuel Lage Tuñas, quien, previamente, alertó de que el marido subdirectora xeral de Recursos Humanos, Rosario García, sacó una de las mejores notas en el proceso de selección en que su número dos, una jefa de servicio, formaba parte del tribunal de evaluación.

"No me extrañaría nada que la subdirectora emprendiese acciones legales, a las que tendrá que responder ante los tribunales", avisó el diputado 'popular' Rosendo Fernández en su turno de réplica tras criticar la "demagogia" de la oposición y defender la "transparencia" con la que actuó el departamento sanitario. "Trabajar en la dirección o subdirección que organiza el proceso no significa tener acceso al examen", recalcó, por su lado, la directora xeral de Recursos Humanos.

Tanto el socialista como la diputada del BNG Ana Luísa Bouza hicieron hincapié en que la "casualidad" en este proceso debería derivar en una investigación más profunda, porque, como ironizó Lage Tuñas, parece una cosa del "Espíritu Santo". "Yo tampoco creo en los milagros, pero sí en la capacidad de las personas y no las pondré en duda salvo que exista una prueba que demuestre lo contrario", aseveró la alto cargo del Gobierno gallego.

Por ello, sostuvo que si los grupos de la oposición "disponen de una prueba, sería irresponsable no haberla aportado; y si hacen acusaciones sin fundamento, siguen incurriendo en la misma irresponsabilidad".

No obstante, la nacionalista Ana Luísa Bouza manifestó que, precisamente, para encontrar esas pruebas, hay que "investigar". "No es suficiente decir que hubo garantías en la cadena de custodia, por lo que pedimos una investigación formal y que se depuren las responsabilidades políticas", reclamó.

Además, recordó que en el caso de las pruebas selectivas para el acceso a los grupos C1 y C2, en las que la Xunta detectó irregularidades y que ahora está en manos de la Justicia, el informe contenía un estudio estadístico de la probabilidad de que los examinados obtuviesen esas notas. Al respecto, demandó que también en este caso se encargue al Instituto Galego de Estatística un análisis de este tipo.

Cadena de custodia

Durante su exposición, Fernández Lago, que defendió el derecho de los funcionarios a presentarse a estas pruebas, recalcó que "es relativamente frecuente" que en un proceso en el que participan 75.000 personas existan "rumores de filtraciones", pero insistió en que, una vez conocidos, se adoptaron medidas, como reunir a los tribunales de todas las categorías en la primera quincena del mes de febrero para revisar los ejercicios.

Además, continuó, se solicitó a la Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías de Información que revisasen los aspectos informáticos y se verificó la custodia del examen, antes y después de realizar las pruebas, ante lo que "no se constaron signos de manipulación".

"Hacer creer que el simple hecho de trabajar en la Dirección de Recursos Humanos o en cualquiera de sus subdirecciones y aprobar un examen es sinónimo de irregularidad, es desconocer como se desarrolla el proceso y generar inquietud", reprobó Esperanza Fernández Lago.

Sin embargo, ambos diputados de la oposición advirtieron de que, aunque el examen no pase en ningún momento por un sistema de conexión en red, el hecho de que se transporte en un 'pen-drive' "no es garantía" de que no se pueda acceder a él.

En su turno, el parlamentario 'popular' apeló a la "responsabilidad de los grupos" de la oposición, a la que acusó de "maldad para buscar rentabilidad política". Además, lamentó la "campaña de desprestigio" al Gobierno gallego y su actitud "rechazable, sin rigor y cobarde" políticamente.

Por otro lado, la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas recordó que se modificaron las pruebas que rigen los procesos selectivos y que Sanidade ya solicitó que se incluyan nuevas exigencias que eliminen dudas en el acceso a las plazas, como que las personas que formen parte de un tribunal sean eximidos de su participación si en esa convocatoria participa como aspirante algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad.