El consejero de Obras Públicas, José Ballesta, informó hoy al pleno de la Asamblea Regional de que el gobierno central ha dado el visto bueno ambiental a la segunda fase del Aeropuerto Regional, que permitirá doblar el tráfico permitido hasta los tres millones de pasajeros, y lo hizo en la misma comparecencia en la que reconoció que todavía no tiene en su poder la autorización de la UE al aval que permita conseguir, mediante un préstamo, el 75 por ciento de la financiación necesaria para hacer realidad el proyecto.

Ballesta comenzó por decir que el pasado 30 de marzo de este año "la Secretaría de Estado de Cambio Climático dictó resolución favorable a la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto del aeropuerto regional en su fase dos", que según indicó "permitirá pasar de 1,5 millones de la fase uno a un total de tres millones de pasajeros al año".

Sin embargo, cuando le tocó hablar de la financiación, reconoció que el préstamo negociado por la sociedad concesionaria está pendiente de la autorización de la UE al aval de la Comunidad Autónoma sin el cual no sería posible.

Se trata de 200 millones de euros que permitirían conseguir un crédito por igual cantidad. Esos 200 millones se sumarían a cincuenta más de fondos propios y deuda emitida por la concesionaria, para continuar con las obras.

La incertidumbre respecto al visto bueno de al UE, que podría vetar ese aval al considerarlo una ayuda contraria a la competencia, es la que impidió que Ballesta pudiera dar fechas de finalización y puesta en marcha del aeropuerto, dado que ésta depende de la "actualización del plan económico y financiero que debe presentar la sociedad concesionaria para abordar una prórroga de los plazos de obra", una vez se consiga el préstamo.

El aeropuerto cuenta con "el edificio terminal totalmente finalizado y con el montaje de la estructura metálica de la cubierta casi acabada", según Ballesta, quien indicó que "el fuste de la torre de control está totalmente hormigonado y se va a proceder a montar en el suelo el fanal que la sustentará".

El edificio anexo a la torre aborda la construcción de la primera planta y "se encuentran muy adelantadas las infraestructuras de drenaje" de la zona.

En lo que respecta al campo de vuelo, se encuentra todavía por debajo del 50 por ciento en su ejecución, según Ballesta, quien añadió, que de los accesos, el que llega del sistema regional de carreteras está acabado, mientras que el de la A-30 tiene ejecutado el 25 por ciento.

Y en las actuaciones complementarias, están acabados tanto el sistema de abastecimiento de agua y la subestación eléctrica que proporcionará energía.EXPROPIACIONES

Obras Públicas tiene el convencimiento, según su máximo responsable, José Balleta, de que "será el Juzgado Provincial de expropiaciones, organismo autónomo e independiente, el que tendrá que establecer el precio" que deberá pagar la sociedad concesionaria del aeropuerto a los propietarios de los tres millones de metros cuadrados en los que se ubicará la infraestructura.

Un centenar de propietarios de los terrenos en los que se ubicará el aeropuerto de concentraron ante la Asamblea Regional antes de la comparecencia de Ballesta para protestar por lo que consideran un injusto pago de las expropiaciones de los tres millones de metros cuadrados de suelo en los qu4e se ubicará la instalación.

La portavoz de este colectivo, María José Rabal, indicó que lo que pretenden es que se les compense por una expropiación que ha rondado un precio de 1,4 euros por metros cuadrado, mientras que las realizadas posteriormente para hacer los accesos se ha pagado a entre diez y quince euros el metro cuadrado.

Ballesta aseguró que la Consejería entiende que "los propietarios están en su derecho legítimo de reclamar más dinero" aunque la concesionaria haya actualizado la oferta "dando ahora hasta cuatro y cinco veces más que inicialmente", hasta cinco euros por metro cuadrado.

Sin embargo, limitó la responsabilidad de la Consejería a mantener su disposición al diálogo y a "informar a los ciudadanos de todos los trámites de la concesionaria y de las gestiones para conseguir precios más justos".

Respecto a las expropiaciones llevadas a cabo por la consejería para construir los accesos "la situación ha sido muy diferente", indicó Ballesta, quien informó de que en un 85 por ciento de los casos se ha llegado a un acuerdo para el pago.

Los grupos políticos

La diputada del PSOE, Teresa Rosique, denunció que "algo que el contrato con la concesionaria establecía que debía salirnos gratis puede acabar costándonos 200 millones de euros" en vista de que "a día de hoy no hay financiación para el 75 por ciento del proyecto".

Rosique lamentó que "lo que era un proyecto estrella ahora se esté convirtiendo una chapuza y un monumento a la incapacidad del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel". Por eso se preguntó "qué pasará con el proyecto de si la Unión Europea considera que ese aval no procede".

Por su parte, José Antonio Pujante de IU consideró que el Aeropuerto puede convertirse "en un elemento más del Titanic de proyectos inviables y megalómanos de Ramón Luis Valcárcel, que incluye la AP-7, la iniciativa de la Paramount y la Fórmula 1" y que puede arruinar a la Administración regional "que no tiene ningún reparo en avalar un proyecto privado con 200 millones de euros".

Respecto a las expropiaciones, tanto Rosique como Pujante cuestionaron que "sí se mantenga en ese punto el acuerdo con la concesionaria, perjudicando a los propietarios". Pujante tildó directamente de "atraco" lo sucedido.

Por su parte, el diputado del PP, Martín Quiñonero, achacó a "la actual situación de crisis, las dificultades para encontrar financiación". Con todo, resaltó la "trasparencia" con la que se está llevando adelante al proyecto del aeropuerto, que "cuenta con el abastecimiento de agua y la subestación eléctrica acabadas, como también con uno de los accesos por carretera".