En un comunicado, el Ejecutivo vasco mostró su "absoluto respeto" a las decisiones y a los procedimientos judiciales, con el pleno convencimiento y constancia de que son los jueces y tribunales los "garantes últimos de nuestros derechos fundamentales y libertades públicas, como evidencia la presente resolución".

Asimismo, se mostró confiado de que esta sentencia absolutoria ponga fin a un proceso que se ha demorado "más de lo deseable" en el tiempo. "No puede olvidarse que la protección eficaz de los derechos fundamentales y las libertades públicas exige una respuesta de los tribunales más ágil y pronta en el tiempo, a riesgo de causar daños irreparables y de imposible justificación, tanto a derechos individuales como colectivos", explicó.

En este sentido, manifestó su "absoluto respaldo a los principios recogidos en la sentencia de que las libertades de información y expresión y los derechos a comunicar y recibir información veraz son pilares vertebrales en un Estado democrático". "La efectiva tutela de los mismos requiere que cualquier posibilidad de limitación haya de interpretarse restrictivamente, más aún si se adoptan de forma cautelar, y que en ningún caso puedan conducir de facto al cierre irreversible de un medio de comunicación", agregó.

Tras mostrar su "satisfacción" porque los acusados hayan podido ejercer los mecanismos de defensa establecidos por las leyes y demostrar su inocencia, indicó que el cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria, del que el fallo señala que no se ha acreditado "ni directa ni indirectamente" que haya defendido los postulados de la banda terrorista ETA, ha generado "en parte de la ciudadanía vasca, una lógica inquietud por tratarse de una medida -la clausura de un medio de comunicación- excepcional en democracia".