Según informaron desde el gabinete jurídico que ha llevado el caso, tras las denuncias presentadas contra Sánchez y el concejal de Urbanismo, analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento y tomar declaración a ambos, la jueza ha entendido que "no se ha podido probar la inactividad y por tanto la prevaricación en sentido omisivo".

Señalaron a Europa Press que los expedientes remitidos "ya acreditaban que se habían realizado las actuaciones legalmente establecidas para paralizar dos construcciones", una de nueva planta y otra, una ampliación; y que las licencias habían sido denegadas, a pesar de lo cual las obras habían continuado, ante lo que "se actuó".

Con esta instrucción, el juez "no vio" indicios de delito "y el fiscal tampoco", por lo que se decretó el archivo de la causa, iniciada por dos denuncias, en las que se indicaba que los denunciados iniciaron expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística tras recibir un acta de inspección del Seprona, en un caso, y tras la inspección de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, en el otro.