El Partido Popular —que ya ha llevado el asunto del pago de la 'deuda histórica' al Tribunal Constitucional— ha decidido plantear este nuevo recurso después de que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, se refiriera ante el Pleno del Parlamento a dicho acuerdo de la subcomisión.

El parlamentario del PP-A Carlos Rojas manifestó a los periodistas en el Parlamento que su partido no recurrió ese acuerdo en su momento porque ello podría haber paralizado el pago de la 'deuda histórica'.

Sobre la tasación de las parcelas en las que se ubican los inmuebles de Agesa, Rojas señaló que tienen la sensación de que la empresa tasadora hizo una sola tasación por 300 millones y que luego la Junta y el Gobierno llegaron a un acuerdo para "inflar" las cifras hasta alcanzar más de 500 millones. Durante su intervención ante el Pleno, Rojas llegó a plantear cómo es posible que la tasación de Agesa varíe en 200 millones en cuatro meses o sencillamente se ha engordado la cifra hasta coincidir con la cantidad pendiente de liquidez.

De igual manera, reprochó a la Junta que haya optado para la tasación de los terrenos de Agesa por una empresa que no está homologada por el Banco de España, Valoraciones Generales Lógicas, S.L, cuando sí podría haber escogido otra que lo estuviera. En su opinión, se trata, ante todo, de una cuestión de honestidad, la misma que se le exige a cualquier ciudadano cuando hace alguna operación hipotecaria, que tiene que estar homologada por el Banco de España.

Rojas también anunció que solicitarán por escrito a la Consejería de Hacienda el informe de adjudicación a la empresa tasadora de los terrenos de Agesa y los expedientes concretos de la liquidación.

Los presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, anunciaron el pasado 19 de marzo en una comparecencia conjunta al término de la reunión del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el acuerdo para la liquidación definitiva de la 'deuda histórica' un día antes de que terminara el plazo marcado por el Estatuto de Autonomía.